Foto: Europa Press


Asociaciones de jueces y fiscales han recordado este lunes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “como cargo público español” está sometido al ordenamiento jurídico que emana de la Constitución y, por lo tanto, sólo podría ser inhabilitado por los tribunales.

Así han contestado a las palabras de Puigdemont, quien este domingo aseguró a que es el Parlamento catalán el que puede inhabilitarle a él y a todo su Gobierno y “no hay otra instancia judicial o política que pueda hacerlo”.

Ante estos comentarios, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González, ha remarcado que la Carta Magna es la “norma suprema” a la que están sometidos todos los poderes públicos, también el Gobierno catalán.

DESPRECIO AL ESTADO DE DERECHO

Por lo tanto, para el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, las palabras de Puigdemont son “una muestra más del desprecio hacia el Estado de Derecho de un ordenamiento jurídico democrático”.

Según Rodríguez, cualquier sentencia de inhabilitación corresponde a los tribunales y “ningún parlamento, ya sea autonómico o nacional, puede suplir a jueces y tribunales”. “Las palabras de Puigdemont son absolutamente rechazables”, ha apuntado.

En los mismos términos se ha pronunciado el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, quien ha manifestado que el presidente catalán “puede decir lo que quiera”, pero que la inhabilitación de un cargo público está tipificada en el Código Penal y, de este modo, sólo puede ser acordada por los jueces.

COMO CUALQUIER CIUDADANO

Los colectivos de fiscales opinan de la misma manera. Concepción Talón, de la Asociación de Fiscales, ha dicho al presidente de la Generalitat que “está sometido a las leyes, como cualquier ciudadano español”.

Por su parte, Emilio Fernández, considera que Puigdemont está “claramente equivocado”. “Es un funcionario público español y si comete un delito, los tribunales pueden inhabilitarle. No es una medida política o parlamentaria, sino judicial”, ha explicado.

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