SURVIVAL INTERNATIONAL

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil delibera sobre la legalidad de la tesis del “marco temporal” adoptada por el presidente Michel Temer en julio tras un dictamen jurídico de la Abogacía General de la Unión (AGU), según ha informado Survival International. La propuesta sostiene que los pueblos indígenas que no estaban ocupando sus tierras ancestrales en o antes del 5 de octubre de 1988, cuando entró en vigor la actual Constitución brasileña, ya no tendrán derecho a vivir en ellas ni a su utilización.

Según precisa la entidad, la decisión se conocerá el próximo miércoles 16 de agosto y se prevén protestas indígenas. A su juicio, si los jueces aceptan el dictamen se produciría retroceso de décadas para los derechos indígenas y centenares de tribus autosuficientes que dependen de su tierra para su autonomía y supervivencia.

Por ello, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) está organizando diversos eventos y protestas en Brasilia y por todo el país bajo el lema: ‘¡Nuestra historia no empieza en 1988! ¡No al marco temporal’.

En este contexto, señala que “muchos afirman que esta medida está siendo impulsada por el presidente Temer para garantizarse el apoyo político necesario para mantenerse en el poder”. Temer llegó a la presidencia tras el proceso destituyente de Dilma Rousseff en 2016. según precisa, desde entonces su Gobierno ha registrado uno de los índices de aprobación más bajos de las últimas décadas, y afronta inestabilidad y protestas generalizadas.

Los indígenas guaraní-kaiowás del sureste de Brasil “son solo uno de los muchos pueblos indígenas que se verían afectados”. Según indica, si se aprueba la medida, nunca recuperarían la mayor parte de su tierra. “Este marco temporal es muy duro para nosotros, no habrá más demarcación [reconocimiento legal] de nuestros territorios. Hay violencia, tenemos que enfrentar ataques de todos lados, ataques paramilitares, criminalización y racismo”, señala un portavoz de la tribu, Eliseu Guaraní.

Por ello, Survival International está promoviendo activamente una campaña contra la medida, “ilegal según el derecho internacional y la propia Constitución Federal”, y está movilizando a sus simpatizantes para que actúen.

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