Foto: Reuters

La Policía de Filipinas ha realizado test de drogas “voluntarios” a varios habitantes de Payatas, uno de los barrios más pobres de Manila, este miércoles, en el marco de la guerra contra el narcotráfico impulsada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, que ya ha dejado miles de muertos.

Las autoridades locales han dicho que solicitaron ayuda a la Policía para realizar las pruebas por la densidad de población del distrito, que han identificado como propenso a la delincuencia relacionada con las drogas.

Los habitantes del distrito han asegurado que 300 personas de las 130.000 que viven en la zona están en una “lista de vigilancia” por su relación con las drogas. Fue confeccionada en 2016 por las autoridades locales con la supuesta finalidad de identificar a aquellas personas que necesitasen rehabilitación.

Sin embargo, diferentes activistas han denunciado que algunas de las personas que aparecen en la lista son objetivos potenciales de asesinato por parte de la Policía. Las autoridades han negado esta acusación, pero tampoco han especificado lo que ocurrirá con las personas que den positivo en las pruebas o con las que se nieguen a participar.

“Nuestro objetivo es que Barangay quede libre de drogas este año”, ha declarado Marlene Ocampo, dirigente local de Payatas, que ha añadido que su administración está de acuerdo con esta operación orquestada por las autoridades estatales, que podría durar entre cuatro y cinco meses.

La dirigente también ha asegurado que no se habían dado quejas por parte de los residentes, sino que, por el contrario, la mayoría se mostraba de acuerdo con las pruebas.

“Esto es bueno para nosotros. Estamos limpios, no nos drogamos y por eso no le tenemos miedo al test”, ha manifestado Maria Luisa Valdez, una dependienta de 37 años.

“ANTI POBRES”

Edre Olalia, líder de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, ha denunciado que la intención de la Policía al confeccionar la lista de consumidores de estupefacientes era identificar a unas personas en concreto y ha puesto en duda el carácter voluntario de los test.

“Esta situación es ilegal e inconstitucional, especialmente si es encubierta, involuntaria y arbitraria”, ha dicho Olalia. “Viola el derecho a la privacidad, a la autoincriminación y a la dignidad. Es una política discriminatoria, en contra de las comunidades pobres”, ha añadido.

Activistas en defensa de los Derechos Humanos han afirmado que las medidas de Duterte se dirigen a las comunidades pobres y que las personas que han muerto son principalmente traficantes o consumidores de drogas de clase baja.

Guillermo Eleazar, jefe de Policía de Quenzon, donde se encuentra Payatas, ha recalcado a Reuters que los test son voluntarios y que el único propósito de la Policía es ayudar a la comunidad.

Duterte ha puesto en marcha una guerra contra las drogas que ha dejado unos 9.000 muertos. Según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales.

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