La Administración de Justicia ha emitido una interlocutoria que acepta los argumentos del Consell de Formentera y se opone a la solicitud realizada en mayo por la Abogacía del Estado para ejecutar la sentencia número 87/2017, de 28 de febrero, que anulaba el nombramiento de 9 policías locales en Formentera.

Según el Consell, la interlocutoria de la jueza Nuria Ramos expone que “en una ponderación de intereses, entiendo que deben prevalecer los apuntados por el Consell, que no sólo los alega sino que los acredita documentalmente”.

Por su parte, sobre la Delegación del Gobierno del Estado describe que “no ha apuntado ningún perjuicio derivado de la falta de ejecución de la sentencia”. La jueza también ha condenado a la Abogada del Estado a pagar las cosas.

El conseller de Policía, Bartomeu Escandell, ha lamentado la “hipocresía” del PP, “que en los plenos se queja de los pocos efectivos de la Policía, pero usan todas las herramientas posibles para poner trabas a su despliegue, como las denuncias de la Delegación del Gobierno a la creación de plazas fijas”.

Escandell ha lamentado que “el hecho de que en 2017 pidan que Formentera anule 9 plazas fijas, cuando el Estado convoca 5197 nuevas plazas para la Policía Nacional y Guardia Civil, es un acto de hipocresía e irresponsabilidad hacia la seguridad de Formentera”.

Asimismo, ha añadido que “entiendo que el PP está en su derecho de desprestigiar a este gobierno y la gente que lo integra, pero una cuestión como la seguridad, debería ser responsabilidad de un gobierno serio del Estado y ayudar a crear policía allí donde hace falta y no poner trabas en temas tan delicados”.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.