El juzgado de contencioso número 3 ha suspendido el acto administrativo del Consell de Mallorca de rescate del Túnel de Sóller en respuesta a una demanda de medidas cautelarísimas presentada por la concesionaria.

A partir de ahora el Consell tiene tres días para enviar el expediente administrativo al juzgado y dos días para contestar la demanda de cautelarísimas. Después, se celebrará una vista en el juzgado para decidir si se mantiene la suspensión, según ha explicado la consellera de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, en declaraciones a los medios.

El juzgado ha comunicado esta mañana al Consell el auto de suspensión, tramitada ‘inaudita parte’ -sin que el Consell haya tenido aún la oportunidad de contestar a la demanda de cautelares-. De hecho, el Consell no sabía que la concesionaria había planteado esta petición.

De este modo, el auto suspende provisionalmente la efectividad del rescate, cifrado por la institución insular en un 17,4 millones de euros. Garrido ha recalcado que “estas medidas se han tomado únicamente con la demanda presentada por la concesionaria en el juzgado, sin haber visto el expediente administrativo y sin haber escuchado al Consell”.

La consellera ha recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que si los efectos del acto administrativo son evaluables económicamente no se pueden suspender; por ello, Garrido cree que se debe continuar con las previsiones que había hecho el Consell ya que los efectos del rescate “únicamente son evaluables económicamente”.

Cabe recordar que la previsión del Consell es levantar las barreras el 1 de septiembre y que el túnel pase a ser gratuito para todos los usuarios a partir de esa fecha. Garrido no ha precisado cuándo se podría celebrar la vista judicial pero confía en que sea en breve, dado el carácter urgente de las medidas cautelarísimas. “Confiamos en que nos convoque lo más pronto posible”, ha dicho.

La evaluación económica de los perjuicios que causa el rescate a la concesionaria es de 17,4 millones de euros -el planteamiento que el Consell defenderá ante el tribunal- frente a la pretensión de la empresa concesionaria, que reclamaba más de 30 millones. Garrido ha recordado que el Consell se encuentra en disposición de hacer efectivo el pago de 17,4 millones “de manera inmediata”.

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