Las secciones de la Policía Local de CCOO y UGT en Baleares han exigido a los responsables políticos de las diferentes administraciones implicadas en la seguridad pública que “se lleve a cabo cuanto antes la inversión necesaria en seguridad, formación y que se aumente la coordinación en materia antiterroristas, tras los cobardes y terribles atentados de Barcelona y Cambrils”.

En un comunicado conjunto, las dos agrupaciones sindicales han recordado que las Islas son “una región turística por excelencia donde ya se han producido detenciones de yihadistas radicalizados con intenciones de atentar”.

Ante ello, han señalado que “ni los ciudadanos ni los turistas se pueden permitir una policía sin medios o recursos humanos que puedan prevenir cualquier acto delictivo”.

Por otra parte, han criticado que el Gobierno de España “no ha permitido que la Policía Local aumentara sus efectivos” y han asegurado que “de hecho las plantillas se han reducido al impedir que se pudieran cubrir las bajas con la excusa del objetivo de déficit presupuestario”.

En referencia al Govern, los sindicatos han censurado que haya aprobado “normas que dificultan la contratación de nuevos efectivos ya que los procesos son largos y costosos” y han añadido que, a pesar de su actual voluntad para reformar la Ley de Coordinación de Policías Locales “no se puede dar una solución rápida al grave problema de la contratación de nuevos efectivos”.

También han apuntado que, después de los atentados, el director general de Emergencia e Interior del Govern, Pere Perelló, ha pedido que “todos los agentes de Policía Local estén disponibles en caso de emergencia y una mayor coordinación con los cuerpos policiales del Estado”.

Desde los sindicatos han tildado dicha petición de “irresponsable” ya que es la Conselleria de Interior la que “debe coordinar los cuerpos de seguridad” y no es “suficiente con la transmisión de una carta a la Policía Local para que lo lleven a cabo”.

Por todo ello, UGT y CCOO han remarcado que es “muy difícil poder llegar a un nivel aceptable de cumplimiento de objetivos si las administraciones no eliminan las trabas que impiden que se invierta el dinero y los recursos necesarios para dotar a la policía del material idóneo”.

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