La Junta de Gobierno de la Administración hidráulica ha acordado este martes aprobar los criterios para establecer la cuantía de las indemnizaciones por daños al dominio público hidráulico.

Así, se establece lo que los infractores con un expediente sancionador abierto en esta materia tendrán que abonar a la Administración en caso de que no puedan restituir el medio.

Desde el Govern, han recordado que la ley de aguas dejaba abierta la posibilidad de aprobar estos criterios, que se han acordado bajo la máxima de que la infracción no puede salir más barata que la tramitación legal.

Según explican, cuando se incoa un expediente sancionador, aparte de la sanción, se obliga a restituir el medio, pero si eso no es posible el infractor tiene que indemnizar a la Administración.

Ahora, para calcular esta indemnización se han establecido unos criterios claros y uniformes que tienen en cuenta el estado de la masa, el volumen, el coste financiero y el coste ambiental.

La Junta de Gobierno de la Administración hidráulica ha tenido lugar después del Consejo Balear del Agua que ha ratificado el acuerdo de revisión anticipada del Plan Hidrológico de Balears, que salrdá a participación pública durante seis meses después del verano.

Durante este periodo se llevarán a cabo encuentros sectoriales y se trabajará con las juntas insulares del agua y el Consejo Balear del Agua para mejorar un texto que recogerá la revisión cartográfica de las zonas húmedas y más protección de las aguas subterráneas, entre otros aspectos.

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