Biel Barceló

La Fiscalía de Baleares ha abierto diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de los contratos realizados entre las administraciones de las Islas y empresas del entorno del jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, por si los hechos fueran constitutivos de delito. Así lo ha indicado el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, en un escrito remitido a los medios de comunicación en el que detalla que, con fecha de 31 de marzo de 2017, se incoaron de oficio en Fiscalía estas diligencias.

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El Ministerio Fiscal inspeccionará los contratos adjudicados para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de MÉS a Garau, por valor de 154.000 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Después de que salieran a la luz estas contrataciones en ‘Diario de Mallorca’, el pasado viernes MÉS per Mallorca abrió un proceso para formalizar la expulsión del jefe de campaña, mientras que, por su parte, la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, anunció la dimisión de la consellera de Transparencia, Ruth Mateu. Mateu defendió que no había cometido “ninguna irregularidad” y aseguró que dimitía “para dar ejemplo” asumiendo la “responsabilidad política” por los contratos adjudicados a Garau.

Ante esta dimisión, MÉS per Menorca decidió salir del Govern, señalando que la decisión se había tomado por las “continuas deslealtades” del Ejecutivo hacia el partido.

Dadas las circunstancias, el vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, uno de los implicados en la adjudicación de contratos, ha pedido poder comparecer de urgencia antes de Semana Santa en el Parlament, si bien ha asegurado que no ha tocado “nunca ni un euro público”. Pese a que el PP ha solicitado su dimisión y la del conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ambos han rechazado que lo vayan a hacer y han defendido que se trata de contratos “justificados”.

Armengol ha asegurado que la Fiscalía “tendrá la colaboración inmediata” del Govern para investigar los contratos de MÉS y ha insistido en que el Ejecutivo ha “asumido responsabilidad política”.

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