La Audiencia Provincial de Palma ha puesto en libertad a los dos agentes de la Policía Local acusados de insultos homófobos y un delito de lesiones tras apreciar que las denunciantes, Sonia. V. y Paola. V.G.T., cuentan en estos momentos con la protección suficiente como para sustituir una medida “tan gravosa” como es la prisión provisional por una orden de alejamiento que les prohíbe aproximarse a menos de quinientos metros.

Los agentes, Rafael P. R. y Alberto J.L han pisado de nuevo la calle sobre las 15:45 horas de este viernes después de que la Sección Primera de la Audiencia de Palma estimara el recurso de apelación interpuesto por sus defensas.

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Así, por ejemplo y en el caso de Rafael P.R., la defensa solicitó la libertad de su cliente al considerar que se habían aportado y  admitido “nuevas pruebas que permitirían, indiciariamente, descartar la participación del recurrente en los hechos denunciados por Sonia.V.” explicando que no existe ninguna evidencia “de los presuntos daños causados a la denunciante” y que esos hechos “no se basan más que en meras sospechas”.

Es más, la defensa de Rafael plantea que esos daños pueden tener diverso origen incluido “que haya sido la propia denunciante quien se ha autocausado esos daños” y explica que la base para afirmarlo son las investigaciones sobre los movimientos de Rafael cuando tuvieron lugar  los hechos como diversas grabaciones de vídeo “en las que se ve al acusado salir de su domicilio en compañía de miembros de su familia en las horas en que producían, presuntamente, los hechos denunciados” o los extractos de las tarjetas de crédito “que excluirían la presencia del recurrente en los lugares en los que al parecer, se produjeron daños o desperfectos en bienes propiedades de la denunciante”.

La defensa del acusado recuerda que la adopción y mantenimiento de una medida tan extrema como es la privación de libertad es un acto contrario al Estado de Derecho ya que la misma tiene un “carácter totalmente excepcional y grave que solo puede mantenerse cuando no haya otras medidas igualmente eficaces y de menor intensidad”.

Por ello, la defensa solicitó la revocación de la prisión y  que se acordara la libertad del recurrente y, subsidiariamente, la adopción “de las medidas cautelares de prohibición de aproximación y de comunicación con las denunciantes Sonia. y Paola.; la colocación de pulseras de seguridad y, subsidiariamente a ésta, la adopción de cualquier otra medida menos gravosa”.

Medidas, todas ellas, a las que el Ministerio Fiscal se opuso al considerar que persistía el “riesgo de reiteración delictiva” y la necesidad de “evitar que el recurrente pueda actuar contra la integridad física de las denunciantes, de los testigos de la causa, o de sus familiares”.

La Audiencia: Puede mantenerse la seguridad de las víctimas con medidas menos rigurosas

La Audiencia Provincial, tras estudiar los argumentos de la defensa ha considerado que “existe un cierto riesgo de que el recurrente, una vez puesto en libertad, pudiera reiterar su conducta” pero al tener las denunciantes en estos momentos “algún tipo de protección policial” se reduce el riesgo de que se produzcan nuevos actos de sabotaje “por lo que la seguridad de las víctimas puede mantenerse igualmente con la adopción de medidas menos rigurosas e invasivas desde el punto de la libertad de las personas”.

La Audiencia no ha querido entrar a valorar, en profundidad, la existencia de esas nuevas pruebas apuntadas por la defensa al considerar que no es el momento oportuno para hacerlo pues ello se hará, con la profundidad debida, en el momento en que se lleve a cabo el juicio.

Sin embargo, sí ha indicado que el Juez Instructor “acordó la apertura de juicio oral contra el recurrente, lo que significa que esos indicios racionales de criminalidad se consideran suficientes para formular escrito de acusación” y añade: “existen motivos razonables que permiten sostener la posible participación del recurrente en los hechos investigados”.

Por todo ello, decide la Audiencia imponer a Rafael P. R. “la prohibición de aproximarse a menos de quinientos metros (500) a Dña. Sonia. V. y Dña. Paola. V. G. T. ya sea a sus personas, domicilios, lugar de trabajo … o lugares que estas personas puedan frecuentar. Se le prohíbe, igualmente, comunicarse con ellas, de forma directa o indirecta a través de terceras personas, por cualquier medio verbal, escrito, telefónico, correo electrónico, mensaje de texto, Facebook, Whatsapp u otra red social, o por cualquier otra vía que telemática o informáticamente permita en la actualidad la comunicación, sin perjuicio de que el Juez Instructor o el órgano de enjuiciamiento puedan adoptar otras medidas adicionales”.

 

 

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