MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han presentado una proposición no de ley (PNL), que se debatirá este jueves en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, para que se impida el indulto a aquellas personas implicadas en casos de corrupción.

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Además, los grupos parlamentarios han inscrito otra PNL para solicitar al Gobierno que inicie una reforma constitucional que permita la convocatoria de referéndums a partir de la iniciativa legislativa popular (ILP).

La coportavoz parlamentaria de MÉS per Mallorca Bel Busquets ha aclarado que el horizonte sobre la ley del indulto es la desaparición de dicha normativa.

“Ahora que se habla tanto de la corrupción, tiene que quedar claro que corrupción e indulto son términos incompatibles”, ha manifestado la coportavoz.

La PNL propone desapoderar al Gobierno para que pase a ser competencia de una comisión específica del Congreso de Diputados, en la que se cuente con un consenso superior a la mayoría absoluta.

Además, piden que se limiten los supuestos en que pueda ser concedido un indulto, de manera que no permita su aplicación a aquellos delitos de corrupción y, en general, aquellos contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública.

Finalmente, solicitan que se incluya la exigencia de una extensa motivación para cada indulto, con información pública para la formulación de alegaciones antes de su resolución definitiva.

MECANISMOS DEMOCRÁTICOS

Por otra parte, el portavoz de MÉS per Menorca ha explicado que viene originada por la “desmotivación y desafección” políticas y la baja participación electoral de la sociedad.

La iniciativa contempla que el Parlament inste al Gobierno a que reduzca de 500.000 a 250.000 firmas necesarias para iniciar una iniciativa legislativa popular.

Igualmente, quieren que se pida al gobierno que permita a los ciudadanos, a través de una ILP, a convocar referéndums si se avalan por al menos el 3 por ciento del censo electoral.

Finalmente, piden que se elimine la necesidad de autorización por parte del Estado para llevar a cabo una consulta vinculantes puesto que “las instituciones locales son suficientemente adultas como para decidir por este tipo de cuestiones”, ha considerado Martí.

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