La diputada del Grupo Mixto Xelo Huertas ha presentado este miércoles una proposición no de ley (PNL) solicitando que una comisión mixta con participación de expertos de fuera de la Comunidad investigue diez años de expedientes del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, en lo relativo a adopción, tutela e intervención en el ámbito familiar.

En una rueda de prensa en el Parlament, acompañada de madres afectadas y representantes de diferentes asociaciones, Huertas ha reclamado que “se depuren responsabilidades” y que se apoye económicamente a las familias sin recursos en lugar de “quitarles a los niños”, mientras que las afectadas han asegurado que se declaran desamparos con “informes manipulados” y “solamente la palabra de un técnico”.

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Las conclusiones de la investigación incluirían análisis de la corrección de los procedimientos, evaluación de resultados a largo plazo, auditoría económica y propuestas de actuación.

Además, la PNL insta al Govern a acometer mejoras normativas, mediante la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, en los servicios de Menores y Familia de la Comunidad. Si bien no lo precisa en el texto de la iniciativa, uno de los ejemplos que ha puesto es que las familias cuenten con la asistencia de un abogado.

Asimismo, Huertas también pide que el Govern elabore un protocoo de actuación para que los equipos de atención a la infancia y adolescencia del IMAS lo utilicen en evaluaciones objetivas, teniendo en cuenta la historia familiar, derivación y discusión del caso con equipos de atención primaria, el número de entrevistas hechas con fecha y entrevistados, los motivos del desamparo, si existe familia que se pueda hacer cargo, los factores de riesgo, pruebas aportadas, propuesta de actuación y régimen de visitas.

Huertas ha señalado que cuando era presidenta no podía presentar iniciativas pero como diputada del Grupo Mixto ha decidido sacar este tema adelante “para poder solucionar y aliviar a las familias y menores”, así como para “limpiar el nombre de los técnicos que se hayan visto en entredicho si debe ser así”.

Huertas ha alertado de que se ha producido una condena por este tema a la Generalitat de Catalunya y ha censurado que se “enfoca a estos niños a estar fuera de la sociedad”, “quitando a los niños a familias sin recursos” pero destinando “dinero de fondos Feder” a las familias de acogida.

Además, la diputada ha recordado las acampadas de familiares delante del edificio del IMAS en la calle de General Riera y ha insistido en que el objetivo es “aclarar si se trata de ineficacia o mala praxis”.

La representante de la Asociación Infancia y Derecho, María Inés Muñoz Llobera, ha asegurado que han detectado “muchas irregularidades” e “informes tergiversados” y ha acusado al IMAS de “trabajar para romper los vínculos de la madre y los niños” estableciendo “visitas que no eran lógicas”.

En este sentido, Muñoz ha defendido que los niños “son retirados de las familias sin base, sin argumentos lógicos y solamente con la palabra de un técnico”, lo que atribuye a “motivos económicos” y a “rellenar los centros de niños”.

Además, desde la Asociación han advertido de que incluso se han dado casos de “madres que van al colegio a buscar a los niños y ya se los han llevado, sin darles declaración de riesgo”, o de “niños que ven a la madre si tienen suerte una hora a la semana”.

Muñoz ha lamentado que las vías judicial y administrativa “son muy lentas” y que el IMAS hace “informes todos negativos” que “luego van al juez” en base a aspectos como “que la madre esté triste”, sin dejar a la familia “aportar ningún tipo de informe”.

Por otra parte, otra afectada, Francisca Juan Comas, ha denunciado la “crueldad” en la separación de hermanos y ha advertido de que se están “creando niños rebeldes con causa” y “posibles delincuentes en potencia”.

Además, ha reclamado que se pongan cámaras en los despachos donde según dice se “interroga” a las familias de forma “manipuladora”. “Si lloras es que no los quieres, si no lloras estás desquiciada. Si nos destrozan la familia, ¿qué base tenemos?”, se ha preguntado.

Desde las asociaciones han indicado que calculan que hay entre 1.200 y 1.400 familias afectadas en Mallorca.

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