La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha multado con 9,1 millones de euros a la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) y a unas 40 empresas del sector del servicio de autocares de viajeros de Baleares.

La FEBT ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, gesto que imitarán la mayoría de los empresarios del sector, según ha indicado la patronal en una nota de prensa en la que mantiene que los transportistas discrepan “profundamente” de la decisión de la CNMC y aseguran que la sanción “parte de un desconocimiento de la realidad y coyuntura insular de las empresas de transporte de Baleares”.

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La CNMC ha sancionado a la FEBT por haber cooperado en un cartel del transporte escolar en Baleares y por haber recomendado y difundido tarifas de las excursiones y traslados de transporte discrecional en Mallorca.

La FEBT considera que la CNMC no ha probado ni la cooperación de la patronal, ni tampoco el cartel. En particular, la CNMC “no ha tenido en absoluto en cuenta las particularidades del sector del transporte en Baleares, fuertemente marcado por la insularidad”.

“Son estas particularidades, y no un cartel, las que explican que las empresas de transporte balear, en las licitaciones del transporte escolar en Baleares, sólo encuentren rentabilidad en las rutas de su área y, por lo tanto, se limiten generalmente a realizar ofertas en relación a estas”, han señalado desde la FEBT.

La patronal considera que la resolución “debería haber entendido que sólo aquellas empresas de implantación local cercana a los centros escolares están en posición de prestar el servicio”.

“Es así en todos los casos, pero por su obviedad, debe resaltarse el caso de Formentera, isla en la que existe una sola empresa de transporte discrecional, que es lógicamente la única que puede asumir el transporte escolar de manera rentable”, han indicado.

Asimismo, la FEBT recuerda que a petición expresa de la Conselleria de Educación la patronal ha gestionado con sus empresas la disponibilidad de flota de las mismas, para atender aquellos casos en los que los concursos para acceder al transporte escolar subvencionado han quedado desiertos, “como ha ocurrido, sobre todo, en la zona centro y del levante mallorquín, así como en zonas de alta conflictividad social, como Son Banya en el municipio de Palma”.

Respecto de la segunda de las conductas, la FEBT acusa a la CNMC de haber “desatendido la explicación de que responde a un acuerdo previo entre transportistas y agencias de viajes que data del año 1977”, y que “están obligados a conocer por anticipado cuáles serán las tarifas aplicables cada año para realizar sus correspondientes ofertas al consumidor final, a pesar de ello nunca se han aplicado las tarifas por parte de las empresas”.

Por último, y en cuanto a la tercera infracción aducida por la CNMC, sobre acuerdos de reparto en el transporte discrecional de Mallorca, la FEBT ha vuelto a insistir en el hecho insular ya que hasta la entrada en vigor de la ley 9 de julio de 2013, por la que se modifica la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, “se permitía la colaboración en el transporte de viajeros cuando las empresas recibieran demandas de porte que excedieran de su propia capacidad de transporte, atendiéndolas éstas utilizando la colaboración de otros transportistas que dispusieran de los medios necesarios para el desarrollo de la actividad”.

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