La titular del Juzgado de Primera Instancia 14 de Palma, Irene Partida, ha dictado un auto en el que deniega la adopción de la medida cautelar solicitada por la expresidenta del Parlament, Xelo Huertas.

De este modo, la juez no suspende la sanción de expulsión impuesta por Podemos a Huertas el pasado mes de diciembre, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

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Huertas, ahora diputada del Grupo Mixto, fue citada el pasado jueves por las medidas cautelares que solicitó cuando todavía era presidenta de la Cámara, pidiendo suspender la sanción de expulsión de Podemos.

En la vista Huertas pidió su restitución en Podemos, así como en el grupo parlamentario y en su cargo en la Mesa del Parlament, petición que desde el Ministerio Fiscal ya advirtieron que “excede los límites de lo que es una medida cautelar”.

El tribunal considera que la solicitud de Huertas no reúne las condiciones para que pueda adoptarse una medida procesal, entre otras cosas, porque no existe peligro por la mora procesal dado que la sanción de expulsión de Podemos y el consecuente cese como presidenta ya se habían hecho efectivos el día de la vista, de modo que son “de imposible reparación posterior”.

Por otra parte, si bien la defensa de Huertas alegaba que la sanción se había adoptado vulnerando sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política e igualdad, así como por irregularidades en el expediente sancionador, el tribunal considera que no hay apariencia de extralimitación en las actuaciones de Podemos para expulsar a Huertas.

Así, el auto señala que, sin perjuicio de lo que pueda resultar en el juicio, Podemos ha respetado el procedimiento sancionador en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

Además, de la documentación el auto desprende que Huertas tuvo la “actitud de votar no de forma independiente” a los presupuestos de la Comunidad por la no renovación del convenio con el CSIC que afectaba a otro miembro del partido, el investigador Daniel Bachiller, “al margen de cualquier decisión” del órgano del partido, si bien “no se discute su derecho a opinar ni votar lo que considera” sino “la manifestación de votar no al socaire de sus privilegios como diputada”, una actitud “de por sí contraria al Código Ético”.

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