La Policía Nacional, en colaboración con Inspección de trabajo y Seguridad Social, ha desarticulado una organización criminal que podría haber estafado a la Seguridad Social más de 2 millones de euros. En la operación se han detenido a unas 12 personas, entre las que hay cinco empresarios y dos gestores administrativos. Los delitos por los que se le acusa son: falsedad documental, pertenencia a organización criminal y delitos contra la Seguridad Social.

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La Unidad Especializada en Seguridad Social adscrita a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Illes Balears, desarrolló diversas actuaciones sobre un conjunto de empresas en las que se había detectado la concurrencia de indicios de fraude en materia laboral y de la Seguridad Social. Tras adoptar las medidas oportunas tendentes a la regularización de la situación de los afectados, se acordó dar traslado a la Policía Nacional de los hechos, para que investigaran la posibilidad de ilícitos penales.
Como consecuencia de la investigación realizada por agentes de la UCRIF de la Policía Nacional, se reveló la existencia de una organización criminal asentada en Mallorca, procediéndose a su desarticulación y a la detención de 12 personas, entre las que figuran cinco empresarios y dos gestores administrativos.

Dos ”modus operandis” para defraudar

Para el desarrollo de su actividad el grupo organizado se servía de un conjunto de empresas utilizando a diferentes testaferros como administradores, realizando dos tipos de fraudes con “modus operandi” diferenciados:

Por un lado se encargaban de la facilitación de contratos falsos de trabajo para recibir prestaciones fraudulentas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, consecución de permisos de residencia por arraigo o renovación de estos permisos sin llegar a mediar entre empresario y empleador relación laboral alguna, todo ello a cambio de una importante cuantía económica.

Y por otro otro lado el grupo organizado había ideado un entramado empresarial con el objetivo de eludir el pago de cuotas de trabajadores a la Seguridad Social en empresas de construcción dedicadas a reformas de importantes obras como hoteles.

De esta manera el grupo organizado utilizaba una empresa principal, que se encontraba libre de deudas con la Seguridad Social (toda vez que es uno de los requisitos exigidos por las empresas contratistas de las reformas) y posteriormente el grupo disponía de otras cuatro empresas con testaferros que eran supuestas subcontratas de la empresa principal, y en las cuales sus trabajadores realizaban funciones laborales en las distintas obras, impagando sistemáticamente las cuotas a la Seguridad Social de los mismos.

Una red de empresarios de la construcción

La red de empresarios tenía como finalidad la consecución de obras de construcción a través de la creación de sociedades que realizaban presupuestos a precio de coste y por debajo del mercado. Para lograr esto, el entramado ahorraba en los salarios de los trabajadores y en el impago sistemático de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Cuando una de las empresas llegaba a ser inoperante por las deudas contraídas, la misma era quebrada y se creaba otras nuevas que continuaban con el proceso. Este tipo de procedimiento, además del perjuicio a trabajadores y a la Seguridad Social, generaba una competencia desleal a otras empresas del sector puesto que el entramado se hacía con la ejecución de contratos de reforma de hoteles, colegios públicos y viviendas. En el transcurso de la investigación se tuvo conocimiento de que una importante gestoría de Palma de Mallorca se encontraba implicada en el grupo organizado.

Más de dos millones de impagos a la Seguridad Social

Por este sistema los empresarios tendrían a sus espaldas más de 10 sociedades en quiebra, habiendo generado un fraude a la Seguridad Social por las empresas investigadas que ascendería a 666.102,44 euros, si bien el importe de la cantidad impagada a la Seguridad Social a lo largo del tiempo con todas las empresas creadas por los implicados llegaría a más de 2 millones de euros.

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