A propósito de Nadia

Partiendo de la presunción de inocencia –pues aún no hay sentencia y no sería la primera vez que alguien resulta absuelto tras pasar meses o años en un centro penitenciario acusado de delitos que nunca cometió-, lo cierto es que el caso de la pequeña Nadia “pinta mal” para los progenitores quienes están siendo investigados por la comisión de presuntos delitos de falsedad, estafa y explotación sexual de menores.

Investigaciones que apuntan en la dirección de que los padres habrían montado un negocio fraudulento de captación de fondos destinados a lograr una cura milagrosa y que, en los últimos nueve años, les habría permitido hacerse con cerca de un millón de euros en donativos.

Así, el padre aseguró haberse desplazado hasta Afganistán para entrevistarse, entre bomba y bomba, con un médico especialista y también a Norteamérica donde se preparaba un novedoso tratamiento genético único en el mundo y que era muy costoso.

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La trágica situación de Nadia y el esfuerzo de sus padres por sacar adelante a la chiquilla, se difundieron a través de los Medios Comunicación y fueron muchos los ciudadanos que, guiados por su buena fe, aportaron dinero de sus bolsillos para ayudarlos hasta que, como no podía ser de otra manera, se detectaron incoherencias y graves contradicciones que fueron puestos en conocimiento de un Juzgado de Instrucción de Seu d’Urgell (Lleida).

La Justicia reaccionó de inmediato bloqueando las cuentas de la familia y decretando el ingreso inmediato de Fernando Blanco (padre de Nadia) en prisión para quien el juez impuso una fianza millonaria mientras se recababan los informes médicos de Nadia para conocer el alcance de la gravedad de la enfermedad que parece.

Hasta el momento los encausados han reconocido haber exagerado su historia. El padre también ha confesado que no voló a Estados Unidos y que la entrevista con el médico afgano no se desarrolló ni mucho menos como contó.

Pero también se ha conocido que Fernando fue condenado a cuatro años de prisión por apropiarse de dinero de la empresa en que trabajaba de manera ilícita y, aunque estos hechos no pueden tenerse en cuenta al haber sido “cancelados” por el paso del tiempo, sí resultan significativos.

Se acumulan los delitos y, además… se agravan.

De ser ciertos los cargos que pesan sobre los progenitores, ambos podrían ser acusados de defraudación constitutiva de delito de estafa y que se castiga con penas de hasta seis años de prisión.

A ese delito de estafa podrían sumarse otros que nuestro ordenamiento jurídico califica de “muy graves” como son el de falsedad, exhibicionismo o explotación sexual – no debe olvidarse que en el registro de la vivienda familiar se encontraron fotografías de desnudos de la pequeña y que están siendo investigados-y que han desembocado en que ambos progenitores hayan sido temporalmente apartados de la custodia de su hija, encomendada por la Generalitat a otro familiar que vive en Mallorca.

También hay serias sospechas de que algunos bienes (como relojes de gran valor) y el alto nivel de vida familiar se financiaban con el dinero de los donativos.

Partiendo del hecho de que la medida de prisión para el padre parece justificada (de los pinchazos telefónicos llevados a cabo se deduce que había riesgo de fuga fuera de España) lo cierto es que estamos ante una situación en la que los presuntos delitos cometidos por ambos padres se acumulan y, además, se agravan debido a la relación familiar que existe y que suponen un aprovechamiento basado en un abuso de confianza, situación castigada con la imposición de penas (para los delitos que puedan haberse cometido) en sus grados máximos.

Y el hecho de que el abogado de Fernando Blanco (que también defiende a su esposa, María Garau) haya renunciado a su defensa, tampoco es buena señal.

En todo caso, un desagradable asunto a raíz del cual Fernando y María, en apenas dos meses, han pasado de héroes a villanos y que ha tocado la fibra sensible del conjunto de la sociedad por las especiales circunstancias que lo rodean.

 

Pedro A. Munar Rosselló

Es abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares desde el año 2006 así como Administrador de Fincas colegiado desde 2004.

Munar es socio y fundador del bufete Balear Abogados, en el que desarrolla su actividad profesional que compagina como asesor en la Administración Pública y en la docencia siendo tutor del Master de la Abogacía de la Universidad Balear

 

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