Los juzgados y tribunales de Baleares abrieron juicio oral, entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, contra un 70 personas por delitos relacionados con la corrupción política y económica, lo que la convierte en la sexta Comunidad Autónoma en la que más encausados fueron procesados o enviados al banquillo. A nivel nacional, la cifra se eleva a un total de 1.378 investigados.

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Así se desprende del repositorio de datos sobre procedimientos judiciales por corrupción presentado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial, que será de acceso público y permitirá a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas-, que se actualizarán trimestralmente.

El informe, que puede consultarse desde este jueves en el Portal de Transparencia del CGPJ (www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/) se refiere por corrupción, en concreto, a delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio histórico; prevaricación; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; cohecho; tráfico de influencias; malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.

Los datos indican, en relación con Baleares, que los 70 encausados fueron acusados en 16 procedimientos distintos, mientras que a nivel nacional lo fueron en un total de 166.

El repositorio se refiere tanto al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional como a los distintos órganos judiciales de las distintas Comunidades -Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción y Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia-.

Según el dictamen, del total de acusados y/o procesados a nivel nacional 1.060 eran hombres -el 77 por ciento- y 318 mujeres. La base de datos -que permite consultas de manera global para toda España o de manera detallada en el ámbito de cada Comunidad Autónoma- ofrece también información sobre la nacionalidad de los implicados: 1.174 eran españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios.

72,7 POR CIENTO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS

Asimismo, de las 99 sentencias dictadas en procedimientos por delitos de corrupción en los cinco trimestres estudiados, 72 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 72,7 por ciento del total. Además, la suma de los cinco trimestres que recoge la base de datos es de 399 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

En lo que a delitos se refiere, el informe indica que los que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística -es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico- y malversación.

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

PERSONAS SOMETIDAS A RÉGIMEN PENITENCIARIO

En este sentido, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario -como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en el conjunto de España 82 penados -en 47 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 25 con el de cohecho- y cinco preventivos.

Durante el acto de presentación del repositorio, el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha subrayado que con la información que se hace pública se ofrece por primera vez a los ciudadanos una forma de conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción, “dando un paso más, y esperamos que importante, en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus instituciones”.

“Nuestros jueces y nuestras juezas están cumpliendo con su misión, y no siempre en condiciones fáciles”, ha señalado Lesmes, quien ha añadido que aunque en ocasiones se critica de manera interesada la labor de jueces y magistrados, sugiriendo elementos de politización en las decisiones adoptadas y veladas acusaciones de falta de imparcialidad, “la realidad deja sin fundamento esas críticas”.

Es más, recalca que “frente a la eventual degradación criminal de personas con responsabilidades políticas, el Poder Judicial se limita a actuar sobre cada caso concreto, aplicando únicamente la ley, desde la legitimidad que nos brinda el Estado de Derecho por el que nos regimos”.

Por su parte, la vocal del órgano de gobierno de los jueces Mar Cabrejas, miembro del Grupo de Transparencia del Consejo, ha señalado que la información que ofrece el repositorio evidencia “la existencia de límites reales y tangibles contra la arbitrariedad, el abuso y el despotismo, ofreciendo una visión clara de la dimensión del Poder Judicial como una instancia independiente e imparcial llamada a controlar desde el Derecho, a hacer efectiva la idea del Estado Constitucional como sistema de límites y de vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder”.

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