Los arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, quienes fueron contratados para dirigir las obras de construcción del velódromo Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste acabó ascendiendo a más de cien, han asegurado este lunes que el Govern nunca les exigió que rindieran cuentas ni justificasen gastos ante la Administración.

Ambos encausados han sido interrogados a lo largo de esta mañana por el juez José Castro y la Fiscalía Anticorrupción. En sendas comparecencias, los dos hermanos han defendido la legalidad de los distintos gastos que cargaron al Ejecutivo balear al amparo del contrato que, por 8,5 millones de euros, firmaron con el Govern durante la última legislatura de Jaume Matas.

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Durante las declaraciones, se les han exhibido una a una las facturas que, por unos 3,2 millones de euros, cargaron a la Administración tras ser aquéllas emitidas por diversos contratistas contra el despacho GR1, propiedad de los García-Ruiz.

Según las acusaciones, los gastos hacen referencia a viajes, comidas, publicidad y montaje, conceptos que nada tienen que ver con el objeto de la contratación de los arquitectos, sin que conste además presupuesto alguno relativo a estos conceptos ni documento que avale que estas cantidades se corresponden realmente con dichos gastos.

Ante esto, los encausados han justificado que estos gastos estaban incluidos en su contrato y que todos ellos se llevaron a cabo en el marco de las obras de construcción del velódromo palmesano. De hecho, han señalado que acabaron percibiendo menos dinero -unos 5,3 millones de euros- debido a que parte de sus honorarios iba destinada al pago de las facturas objeto de investigación.

Los García-Ruiz han insistido en que nadie del Govern les pidió rendir cuentas y han recordado que su interlocutor con la Administración era el gerente del consorcio para la construcción del velódromo Jorge Moisés.

Durante la jornada también ha sido interpelado el dueño de la empresa Ludópolis, Jacinto Javier Llobera, cuya mercantil emitió varias facturas contra el despacho GR1, propiedad de los García-Ruiz, posteriormente cargadas al Govern. Llobera, también investigado, ha señalado que si cargó sus gastos contra GR1 fue porque así se lo pidieron los administradores de éste.

En concreto, las comparecencias han tenido lugar en el marco de la pieza 20 del caso Palma Arena, uno de los pocos flecos que permanecen abiertos en la causa, de la que llegaron a derivarse hasta 28 flecos.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de octubre, Castro abrió juicio oral contra el expresidente del Govern Jaume Matas por las piezas 8 y 9, centradas en la contratación tanto de los García-Ruiz como del arquitecto que les precedió, Ralph Schürman.

EL CONTRATO DE LOS GARCÍA-RUIZ, “ABERRACIÓN JURÍDICA” SEGÚN CASTRO

El magistrado llega a calificar en uno de sus autos la contratación de los García-Ruiz de “aberración jurídica” e incide en que ésta “carece de todo soporte administrativo”. A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, lo que encubría este contrato era la orden dada por Matas de que la construcción del velódromo fuese directamente adjudicada a la empresa GR1.

Para Castro, resulta “totalmente irregular” que sean los arquitectos los encargados de contratar y abonar los gastos de ingeniería y la construcción de la pista, “mereciendo dicho contrato el calificativo de aberración jurídica, que incluso los propios hermanos García-Ruiz conceptúan como anormal en su profesión y que absolutamente todos los que han tenido oportunidad de pronunciarse, incluida la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos, le dedican serias descalificaciones”.

5,2 MILLONES EN HONORARIOS

El resto del dinero que ha sido objeto de investigación, 5,2 millones, corresponden a los honorarios de los García-Ruiz por el proyecto, la dirección de obra y los gastos de arquitectura. “Si el contrato es ya de por sí irregular, no digamos de las facturaciones que con ocasión del mismo se emitieron”, aseveraba Castro.

Cabe recordar que los García-Ruiz ya aceptaron en su día una condena de seis meses de cárcel tras declararse culpables de un delito fiscal al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.

El acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado fue materializado en el marco de la pieza número 26 de la causa, que investigaba si ambos realizaron una provisión de fondos por valor de 400.000 euros dentro de la contabilidad de su empresa para no tributar a Hacienda y enmascarar los beneficios que obtuvieron.

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