El propietario de Globalia, Juan José Hidalgo, ha manifestado este viernes en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, donde ha declarado como testigo, que la compra de la hotelera Luabay, propiedad de la extinta Orizonia, fue un “mal negocio” y una “locura” puesto que su cadena acabó perdiendo dinero con la operación.

Hidalgo ha comparecido ante el juez Víctor Fernandez a raíz de la demanda interpuesta por los administradores concursales de Orizonia, que reclaman 13 millones de euros a Globalia por la anterior operación, llevada a cabo en diciembre de 2012. El empresario ha señalado que fueron sus asesores quienes se encargaron de todo y que él se limitó a dar el visto bueno.

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En este sentido, el abogado que representa a los administradores concursales de Orizonia ha subrayado durante la fase de conclusiones del juicio celebrado por estos hechos que los mismos han quedado “perfectamente acreditados” al referirse al “perjuicio” sufrido por la empresa y el carácter “injustificado” del mismo.

El letrado ha precisado que la deuda pendiente se divide en los 6,7 millones de euros correspondientes al coste de un contrato de intermediación en la compraventa y en los 6,1 millones en concepto de capitalización, toda vez que ha aseverado no asumir la valoración que Globalia efectúa de la operación.

El abogado ha aseverado que Orizonia se encontraba en esos momentos “en asfixia económica” y esta situación “era conocida”, lo que incidió de forma negativa en la capacidad de negociación de la empresa.

“LA COMPRAVENTA SE PRODUJO ANTE UNA PERSPECTIVA DE CONCURSO”

“El vendedor está muy limitado en este sentido”, ha recalcado, aseverando que el comprador actuó de “mala fe” consciente de la situación de “crisis y estrés” de Orizonia e insistiendo en que la compraventa se produjo “ante una más que previsible perspectiva de concurso”.

Por su parte, el letrado que representa a Globalia en este proceso, Raimundo Zaforteza, ha rebatido con contundencia el alegato de que 6,7 millones de euros correspondieran a un contrato de intermediación: “nadie de cuantos han depuesto han defendido que hubiera existido esta inventada tarea”.

En su intervención, Zaforteza ha incidido en que este documento es nulo de pleno derecho, “inventado para vestir un santo absolutamente falso”. De hecho, en términos jurídicos ha calificado esta circunstancia de “causa torpe” puesto que “nos encontramos ante una falacia” dirigida a “falsear la realidad y distorsionar la imagen económica de Orizonia”.

“Los romanos se habrían echado las manos a la cabeza”, ha espetado el abogado, calificando la “simulación” del anterior contrato de un “enorme dislate absolutamente perjudicial”.

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