El Ayuntamiento de Palma ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal de atención telefónica y vía mail para atender a las víctimas de delitos de odio y discriminación. De este modo, los palmesanos podrán poner en conocimiento de las autoridades incidentes dirigidos contra una persona por un perjuicio basado en raza, exclusión sexual, religión, estatus social, discapacidad o ideología.

Esta herramienta al servicio de la ciudadanía ha sido presentada este martes por el alcalde de Palma, José Hila, y la regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, en el cuartel de Sant Ferran de Palma.

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Pastor ha explicado que el Ayuntamiento se encargará de trasladar estos casos de posibles delitos a la Policía Nacional o a la Fiscalía para que lleven a cabo la oportuna investigación.

El alcalde de Palma ha señalado que con esta iniciativa “se da un paso más en el compromiso que tiene el Ayuntamiento de conseguir la igualdad a todos los niveles, poniendo herramientas a disposición de las personas que padecen algún tipo de agresión que les dificulta su vida”.

“Queremos estar al lado de las personas que lo están pasando mal por este tipo de situaciones y fomentar la igualdad y el respeto de los derechos de todos”, ha agregado Hila.

‘L’odi fereix tothom’, es el lema del nuevo servicio público, que pone a disposición de los ciudadanos el teléfono 650781644 y el correo [email protected]

DELITOS DE ODIO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Según ha aseverado Pastor, el 85% de los casos que acaban como delitos de odio no son denunciados por parte de las víctimas, lo que pone de manifiesto, ha dicho, “la importancia de este servicio”.

Asimismo, ha agregado que esta iniciativa responde a los últimos casos surgidos dentro de la propia Policía Local, “con insultos a través de la redes sociales”, y también a raíz las situaciones acontecidas en el parque Krekovic de Palma, ha precisado al respecto.

La regidora de Seguridad Ciudadana ha indicado que se trata de un servicio de “asesoramiento, prevención y detención” ante los delitos de odio que han quedado tipificado en el nuevo Código Penal, que entró en vigor en julio.

El ordenamiento jurídico establece penas, de hasta dos años de prisión, para los que promuevan o inciden directamente o indirectamente el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo, o una persona por motivos racistas, antisemitas u otras como ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia a un etnia, raza o nación; identidad sexual, enfermedad o discapacidad.

Finalmente, Pastor ha destacado que esta iniciativa responde al “cambio de modelo” que se está impulsando dentro de la Policía Local, fomentando “un modelo más de proximidad”.

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