Cláusulas suelo, un Decreto-Trampa

Pedro A Munar

Las cláusulas suelo han sido el foco de atención mediático durante los últimos días cortesía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, mediante una sentencia del pasado 21 de diciembre, dio un fuerte tirón de orejas a la banca española, a su sistema judicial y al propio Gobierno.

Desde entonces, y en poco menos de un mes, han salido a la luz innumerables quejas y reclamaciones provenientes de todos lados y que han forzado al Gobierno a adoptar medidas que han cristalizando en el Real Decreto-Ley de 20 de enero sobre “medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo”.

¿Una fuente de abusos impulsada desde el Gobierno?

De la lectura del texto, ya en vigor, cabe pensar que nos hallamos ante un nuevo engaño; ante una nueva fuente de abusos, con el agravante de que esta vez se impulsa desde el Gobierno.

Mi opinión, que me consta es compartida por otros juristas, es que el tan cacareado Decreto sólo favorece a las entidades bancarias y no, como debiera haber sido, a las familias que han sufrido abuso desde que se impuso la primera de estas cláusulas.

No hay que olvidar que han sido muchas las familias que pueden haber llegado a perder su vivienda por los problemas derivados de este tipo de cláusulas.

Resulta tristemente significativo, de entrada, que las entidades bancarias tengan la posibilidad de “negociar” con los afectados –sin abogado de por medio, no se lo pierdan- cuando ya ha quedado demostrado que en ese tipo de situaciones, los bancos han sabido engatusar al confiado cliente que ha acabado pagando un dinero que no debía.

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Una situación que no deja de ser el dar facilidades al fuerte.

Significativo resulta también que los bancos dispongan ahora de cuatro meses por delante para intentar arreglar el desaguisado que ellos mismos han provocado: un mes para crear el correspondiente departamento de negociación y tres más para “ventilar” el asunto.

Y lo es porque, que yo sepa, no se necesitan plazos cuando un Tribunal Superior (el Europeo, nada menos), ha dejado claro que debe devolverse el dinero de forma inmediata.

Pero aún hay más

 Pues sí, porque resulta también que en caso de reclamación judicial –si falla la negociación entre el banco y el afectado-, se limitan las posibilidades de recobrar los gastos de abogado (lo que popularmente se conoce como las costas del proceso) y tampoco se dice nada respecto a quien debe asumir los gastos de rehacer la correspondiente escritura (notario, registro, gestoría, impuestos… ahí es nada) por lo que no me cabe duda que los bancos, una vez más,  aprovecharán para intentar no pagar por sus propios errores o, como mínimo, no tener que abonar los gastos tan solo ellos.

Y una señal más que nos debe poner en alerta es que no he visto referencia alguna en dicho Decreto que garantice un mínimo de transparencia a la hora de calcular las cantidades a devolver por el banco (vamos, que si se equivocan calculando, pues como que no pasa nada).

Además, la devolución de una cantidad debida podrá hacerla el banco o bien en metálico o vía una compensación, léase, pudiendo endosar al consumidor cualquier otro producto bancario.

No me cabe duda de que todo ello conducirá al absurdo de que, una vez más, tenga que ser el Tribunal Europeo el que acabe dictando sentencias que obliguen a cumplir los preceptos y dictados que nuestra Constitución contempla (como es la defensa prioritaria de los consumidores por los poderes públicos –artículo 51-).

Habrá que estar pendiente de como toma forma el proceso de reintegro de esas cantidades indebidas pero también de conocer qué pasará con aquellos que habían reclamado antes de la Sentencia del Tribunal Europeo (a quienes una sentencia de nuestro Tribunal Supremo vedó la posibilidad de ser resarcidos a no ser que la cláusula fuera en hipoteca posterior a 2013), un criterio que muchos jueces no compartían pero que no tuvieron otra opción que aceptar pues se les impuso desde un tribunal superior.

 

Pedro A. Munar Rosselló

Es abogado en ejercicio por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares desde el año 2006 así como Administrador de Fincas colegiado desde 2004.

Munar es socio y fundador del bufete Balear Abogados, en el que desarrolla su actividad profesional que compagina como asesor en la Administración Pública y en la docencia siendo tutor del Master de la Abogacía de la Universidad Balear

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