El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado embargar un inmueble del exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) José Manuel Aguilar por valor de 1,39 millones de euros, cantidad que responde a la fianza de responsabilidad civil que el juez le impuso, en diciembre de 2014, en el auto de apertura de juicio oral del caso Nóos.

[adrotate banner=”125″]

Mediante una resolución dictada este lunes, el magistrado determina que, habiendo transcurrido “con notorio exceso” el plazo concedido en su día para hacer frente la caución sin que ésta haya sido abonada, se cause embargo sobre una vivienda que el acusado dispone en Valencia.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Baleares, en un auto al que tuvo acceso Europa Press, confirmó la fianza impuesta después de que Aguilar impugnara la negativa de Castro de rebajar la caución a 450.000 euros, cantidad que según el exalto cargo fue la que abonó Cacsa para la organización de los denominados Valencia Summit organizados por el Instituto Nóos.

Aguilar se encuentra entre los 17 acusados que se sentaron entre enero y junio de 2016 en el banquillo en el marco de esta causa. Los otros exaltos cargos valencianos que fueron juzgados son el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau; el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón; el también exdirector general de Cacsa Jorge Vela y la exdirectora de gestión Elisa Maldonado.

Los procesados, sobre quienes pesan un total de 10,8 millones de euros en fianzas civiles, fueron enjuiciados a raíz del papel que habrían desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

El juicio tuvo lugar más de cinco años después de que el juez Castro pusiera la lupa sobre las actividades supuestamente irregulares desplegadas en torno al Instituto Nóos, que se saldaron con un presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.