Foto: Europa Press

El expresidente del Govern Jaume Matas ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares la decisión del juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, de mantener las medidas cautelares que aún pesan sobre el exmandatario autonómico, como son la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, tras siete años encausado en el marco del caso Palma Arena.

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Así lo han señalado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado que, en su recurso de apelación, la defensa de Matas subraya que durante todos estos años el expresidente ha acudido a todos los llamamientos judiciales e incluso ha cumplido íntegramente una condena de nueve meses por un delito de tráfico de influencias por el primer juicio del caso Palma Arena.

El letrado de Matas rebate así los argumentos esgrimidos por Castro con los que denegó, el pasado mes de noviembre, la solicitud del encausado de que le fuesen retiradas las medidas cautelares que le quedan.

En su auto, el magistrado afirma que es “rigurosamente cierto” que el investigado ha comparecido ante el Juzgado en cuantas ocasiones ha sido requerida su presencia, pero “tan cierto como esto” es que “en breve” se dictará la sentencia del caso Nóos, en la que las acusaciones reclaman “penas muy graves” para el exmandatario autonómico.

Asimismo, señala que hay otras numerosas piezas de la causa que están pendientes de ser juzgadas, por lo que “la más elemental prudencia aconseja mantener por el momento las medidas residuales que aún perviven”.

Frente a ello, la defensa de Matas recalca que, en relación con Nóos, es al tribunal de esta causa al que le correspondería decretar en su día las medidas cautelares que considerase pertinentes, mientras que, respecto al resto de piezas, varias de ellas ya han sido archivadas.

MEDIDAS ACORDADAS EN MARZO DE 2010

Se trata de las únicas medidas cautelares que le quedan después de que en febrero de 2014 Castro acordase eximir a Matas de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en una comisaría de Madrid, una obligación que el magistrado acordó en marzo de 2010 para evitar que el exministro pudiera sustraerse de la justicia.

Mientras tanto, en octubre de 2013 la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto otra de las medidas cautelares que le fueron impuestas a Matas en el marco de esta causa, la fianza carcelaria de 500.000 euros que pesaba hasta entonces sobre el expresidente, cantidad a la que ya fue anteriormente reducida la caución de tres millones de euros que el juez Castro le impuso en marzo de 2010 por riesgo de fuga.

Y es que fue tras tomarle declaración durante dos días cuando el magistrado decretó la fianza penal de tres millones de euros para el exministro dentro de esta compleja causa, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el enriquecimiento presuntamente ilícito del exalto cargo, que según las pesquisas no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Se trata de unos hechos que niega de forma tajante el exdirigente del PP, quien durante su primera declaración ante el juez justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.

De hecho, manifestó que parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la vivienda que posee en el casco antiguo, más conocida como ‘palacete’, negando de este modo haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.

CONDENADO POR DOS PIEZAS SEPARADAS DEL CASO PALMA ARENA

Cabe recordar que Matas ya ha sido condenado por dos piezas del caso Palma Arena. Más en concreto, tuvo que cumplir nueve meses de cárcel por las irregularidades en la concesión de una subvención al periodista que redactaba sus discursos, y una multa de 9.000 euros por percibir una dádiva de 42.000 de un hotelero mallorquín, a cuya devolución también fue condenado.

Del mismo modo, Matas ha sido juzgado este año durante más de seis meses en el marco del caso Nóos. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach reclama para él cinco años de prisión -frente a los once que solicitaba inicialmente para él-, al considerar que los contratos y convenios de colaboración rubricados por el Govern con el Instituto Nóos fueron una “farsa orquestada” por el expresidente.

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