El magistrado de la Seu d’Urgell (Lleida) que investiga el caso de Nadia Nerea, la niña con tricotiodistrofia cuyos progenitores están siendo investigados por presunta estafa en la recaudación de fondos para un tratamiento médico, ha recordado a las partes involucradas en el caso que no se pueden difundir imágenes ni información relativa a la identidad de la víctima, por su derecho a la intimidad.

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Lo ha dicho a petición del Ministerio Fiscal, que ha pedido advertir a la defensa y a los funcionarios que intervengan en la investigación de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) impone el deber de secreto en relación a la víctima.

En un auto realizado el jueves, alerta de las consecuencias por incumplimiento de los artículos 301 y 301 bis de dicha ley a las personas “que puedan facilitar la identificación de forma directa o indirecta de la víctima”.

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