El Defensor del Pueblo ha pedido a la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear que “justifique la rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales” tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, aprobada el pasado mes de agosto.

La institución informa en un comunicado que ha abierto una actuación de oficio para conocer los motivos de las modificaciones de la Ley 5/2005 y ha preguntado por la medidas que aplicará el ejecutivo balear para lograr “la adecuada conservación de los espacios naturales de las islas”.

[adrotate banner=”125″]

El Defensor ha iniciado esta actuación tras decidir no interponer recurso de inconstitucionalidad contra apartados de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Islas Baleares, tal y como le había pedido la Fundación Vida Silvestre del Mediterráneo (FVSM).

El Defensor del Pueblo se interesa “especialmente” por la situación de la Serra de la Tramuntana, catalogada como parte de la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves.

La nueva legislación, señala el Defensor del Pueblo, introduce modificaciones que afectan a los usos de las “Zonas de Exclusión” -zonas de máxima protección medioambiental- y permite el acceso y la estancia en esas zonas para actividades recreativas y de ocio, previa autorización de la conselleria.

La decisión del Defensor del Pueblo tiene lugar después de que científicos de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá hayan alertado en un informe de los riesgos de permitir el acceso para actividades de recreo a las zonas de exclusión de la Serra de la Tramuntana.

La Fundación Vida Silvestre del Mediterráneo, que encargó el análisis a la universidad madrileña, sostiene que la modificación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos a través de la Ley de Evaluación Ambiental “pone en riesgo el estado de conservación de especies y hábitats protegidos en las zonas de exclusión”.

El dictámen de la Cátedra de Medio Ambiente alcalaína determina que la reforma legal “es lesiva para el medio ambiente; incumple la normativa europea, nacional y autonómica; no ha sido sometida a información pública; ha sido aprobada sin ningún informe técnico y científico que la justifique ni evalúe sus consecuencias negativas” y supone una amenaza para especies y espacios frágiles.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.