Nace la organización para demandar inmuebles inmatriculados por la Iglesia

Cerca de quince asociaciones de diferentes comunidades autónomas han constituido hoy en Pamplona la “Coordinadora por la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica”, que persigue la reversión a los ciudadanos de determinados bienes inmuebles que la Iglesia registró a su nombre.

Se trata de templos -como la Mezquita de Córdoba-, ermitas, basílicas, viviendas, terrenos y otros edificios -como la Giralda de Sevilla- que desde 1946 la Iglesia católica inscribió por primera vez en el Registro de la Propiedad, hasta que una ley de 2015 lo impidió. Estas asociaciones consideran que estos inmuebles no pertenecen a la Iglesia.

La coordinadora, tras años de trabajos en el mismo sentido en diferentes comunidades, unirá ahora en el objetivo común a grupos de Córdoba, Andalucía, Aragón, Madrid, el País Vasco, La Rioja, Teruel, Valencia, Valladolid, así como a los colectivos Europa Laica, Unión de Ateos y Librepensadores, y Redes Cristianas, con adhesiones además desde Baleares, Jerez de la Frontera y Asturias.
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Representantes de estos colectivos se reúnen este fin de semana en Pamplona y han consensuado un manifiesto común, hecho público hoy en conferencia de prensa, en el que se lamenta el “expolio monumental” sufrido en España desde mediados del siglo pasado, con la inmatriculación de “miles” de bienes inmuebles “con el simple certificado del obispo, sin acreditar título de propiedad y basándose en normas franquistas de dudosa constitucionalidad”.

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, anfitriona del encuentro, tiene constancia del registro en la Comunidad foral entre 1998 y 2007 de un total de 1.087 bienes inmatriculados, lo que da cuenta del volumen al que puede llegar la denuncia de estos grupos, que desde hace tiempo mantienen contacto para compartir sus reivindicaciones.

Así, según ha explicado el representante navarro Andrés Valentín, la coordinadora hoy creada pretende impulsar la constitución de plataformas en las distintas comunidades para la recuperación de estos bienes, propiciar el “protagonismo” de los Ayuntamientos en estos grupos, y perseguir la identificación de los bienes inmatriculados desde 1946 a 2015 “con evaluación de su repercusión económica y del coste social del expolio”.

También se busca “condicionar las inversiones públicas en bienes inmatriculados a la recuperación de los mismos”, promover iniciativas (institucionales, jurídicas, legislativas) para la recuperación de estos bienes por gobiernos y parlamentos, y convocar acciones de protesta.

En el acto, al que han acudido representantes de partidos políticos como EH Bildu, Izquierda-Ezkerra o Podemos, Valentón ha reconocido que se trata éste de “un esfuerzo de largo recorrido, un maratón cuya solución tiene que ser política”.

Por ello, ha insistido en su “requerimiento” a gobiernos y parlamentos, regionales y estatal, a que “asuman sus responsabilidades como defensores de lo púbico en esta pretensión de recuperación de los bienes”.

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