La Guardia Civil investiga a 15 personas por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por vertidos ilegales en tres fincas rurales de Mallorca donde depositaron unas 4.000 toneladas de escombros de todo tipo para evitar el pago de las tasas de tratamiento de residuos.

Los investigados formaban una organización estructurada presuntamente para el transporte, vertido y ocultación de residuos procedentes de construcción y demolición, según ha averiguado el Servicio de Protección de la Naturaleza en el marco de la operación Femer, ha informado el instituto armado en un comunicado.
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A finales del verano pasado, el Seprona tuvo conocimiento de un vertido de residuos sin tratar en un paraje ubicado entre las localidades de Sineu y Llubí, donde hallaron residuos procedentes de construcción y demolición, así como otros considerados peligrosos para el medio ambiente como plásticos, fibrocemento y material eléctrico.

Los residuos se encontraban depositados en socavón realizado por una máquina excavadora. La tierra había sido depositada en los laterales para tapar los residuos y que no se vieran desde la carretera.

En el marco de la investigación, mediante el uso del helicóptero de la Guardia Civil, los agentes localizaron dos parcelas más donde habían arrojado residuos del mismo tipo, presumiblemente por las mismas personas: una en Petra y otra en Establiments (Palma).

Tras identificar a todos los implicados que intervenían en los hechos, los agentes citaron en calidad de investigadas a 15 personas que constituían una organización dividida en tres escalones, en el primero de los cuales sitúan al generador de residuos, el constructor.

En el segundo escalón figura el transportista y en el tercero quienes ocultaban los residuos, los propietarios de las parcelas.

Todos ellos están investigados como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por la ocultación de unas 4.000 toneladas de residuos.

La Guardia Civil ha recordado que la normativa vigente establece que los residuos de construcción y demolición están sujetos a una determinada gestión que incluye valoración, transporte, almacenaje y eliminación por parte de empresas autorizadas.

En este caso, los investigados pueden haber eludido el pago de tasas a gestores autorizados por entre 140.000 y 160.000 euros.

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