La Fiscalía pide 4 años para Matas por los contratos para construir Palma Arena

Pedro Horrach

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 2 años de prisión para el expresidente del Govern Jaume Matas por contratar de forma arbitraria a un arquitecto alemán para construir el velódromo Palma Arena y otros 2 años por volver a contratar las obras a otro despacho de arquitectos tras romper el primer acuerdo.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha presentado los escritos de acusación de las piezas número 8 y 9 del llamado caso Palma Arena, la primera sobre la contratación del arquitecto Ralph Schürman y la segunda por encargar la continuación de la obra al despacho GR1.
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Por contratar de forma arbitraria al primer arquitecto, el fiscal pide 2 años de cárcel y 20 de inhabilitación para Matas por fraude a la administración y prevaricación en concurso medial con falsedad; y idéntica pena y por las mismas acusaciones que solicita por la segunda contratación.

El fiscal acusa también al entonces director general de Deportes, José Luis “Pepote” Ballester, para quien pide 3 meses de prisión a sustituir por multa de 540 euros e inhabilitación por tres años y 3 meses por la primera contratación, e idéntica pena por la segunda.

Para fijar la solicitud de pena para Ballester, el fiscal ha tenido en cuenta su actitud de colaborar con la Justicia en la investigación de los hechos y reconocer su participación.

Además, por la contratación de FR1, el fiscal reclama que Matas y Ballester sean condenados a pagar 855.944 euros de responsabilidad civil de forma conjunta, un 5 % Ballester y un 95 % Matas; y por la de Schürman 16.326 euros de los que deberá responder en un 10 % el ex director general de Deportes y en un 90 % Matas.

Según el fiscal, Matas estableció el funcionamiento de la Fundación Illesport, “una farsa orquestada” para aparentar que era su patronato el que tomaba las decisiones cuando las adoptaba él.

Puso al frente de la comisión ejecutiva de Illesport a Ballester, con “la única y exclusiva finalidad de tener un control más directo” sobre ella y de manera que las reuniones de la junta de patronos eran “una mera simulación”.

Para adoptar las decisiones que permitieron la contratación de la construcción del Palma Arena se fingió la celebración de esas reuniones de la junta de patronos Illesport y se falsificaron los certificados de los acuerdos supuestamente adoptados.

El contenido de las actas simuladas de las reuniones de la junta “era fruto de las directrices y decisiones de Matas”, el único que, con su firma, avala ese contenido. Según el fiscal, Matas era “quien ostentaba de facto el dominio sobre la gestión del citado organismo”.

Después de la adjudicación a Baleares en 2004 de la organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista, el Consell de Govern aprobó la construcción de un espacio polideportivo que luego sería el velódromo Palma Arena.

Según Horrach, Matas encargó la construcción a la Fundación Illesport y a un consorcio creado para tal fin porque no estaban obligados a pasar por los mismos controles previos que la administración y a los que podía “imponer sus decisiones unipersonales sobre quien y cómo construiría” el velódromo.

La decisión de solicitar al Govern una aportación de 46,4 millones para construir la infraestructura “la toma real y únicamente Matas”, según el fiscal, y la de contratar al arquitecto Ralph Schürman la toman “unilateralmente” Matas y Ballester quienes, “prescindiendo deliberadamente del necesario e imperativo procedimiento previo de contratación le realizan un encargo verbal”.

Ballester concertó en noviembre de 2004 con Schürman el encargo, y los arquitectos que iban a construir el velódromo, los hermanos Luis y Jaime García Ruiz, recibieron el encargo verbal de Matas de colaborar con dicho arquitecto que ni siquiera estaba colegiado en España.

“A efectos de dar apariencia de legalidad al encargo verbal citado, proceden ambos acusados a aparentar que la decisión al adoptó la junta de patronos de la Fundación Illesport, simulando un acuerdo en el acta de fecha 10 de enero de 2005 que refleja una inexistente reunión”, recoge el escrito del ministerio público.

Se contrató a Schürman por 9.466.216 euros sin expediente de contratación y “omitiendo deliberadamente y conscientemente los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia y sin justificar la supuesta exclusividad”.

En el contrato “se afirma de forma mendaz” que los circuitos ciclistas de dicho arquitecto están homologados de antemano por la Unión Ciclista Internacional. Schürman presentó facturas por 2,3 millones y cobró 1.632.216 euros.

El contrato con él se rescindió en 2005 y, de nuevo sin procedimiento previo de contratación, Matas y Ballester encargaron verbalmente que siguiese con la construcción del velódromo a la entidad GR1.

Con el despacho de los García Ruiz se formalizó otro contrato por 8.559.446 euros, cantidad que “imponía imperativamente la adjudicación mediante un contrato sometido a publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad” que otra vez se obviaron.

“Lo que encubre este contrato es la orden dada por Matas de que la construcción del velódromo fuese adjudicada a la empresa GR1 y la ejecución de esa orden por Ballester”, afirma el escrito.

Según el fiscal, en estos hubo pactos verbales con los adjudicatarios, cuando la administración no puede contratar verbalmente salvo que sea con carácter de emergencia y se omitió deliberadamente el procedimiento administrativo.

En ninguno de los dos casos hubo “un mínimo análisis” del precio de mercado de los servicios que se querían contratar.

Horrach ha presentado también los escritos de acusación de las piezas 10 y 11 del caso Palma Arena. En la 10, sobre la adjudicación del derribo de unas naves y accesos viales previos a la construcción del Palma Arena, acusa a Ballester y tres constructores, y en la 11, de la facturación de la maqueta del velódromo, a dos empresarios.

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