Foto: EFE/J. Grappelli

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha solicitado hoy una condena de 4 años de prisión y 7 millones de multa para la expresidenta del Parlament balear y de UM, Maria Antònia Munar, que ha sido declarada culpable por el soborno de 4 millones de euros para adjudicar el concurso de Can Domenge.

Carrau ha justificado el mantenimiento de la pena que solicitaba para Munar desde un principio “a la vista de que no se aprecia por el jurado ninguna circunstancia atenuante, del importante valor económico de la dádiva de 4 millones de euros, de la trascendencia social de los hechos, de la alta posición institucional en la administración de ser presidenta y a la jerarquía que tenía sobre otros acusados”.
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“Si no se solicitó mayor pena es atendiendo a la situación de que la señora Munar ya está condenada y está cumpliendo penas que suman más de 11 años de prisión pero que, por los hechos y las circunstancias, denotan tal gravedad que tendría que incluso incrementarse”, ha advertido el fiscal después de que Munar haya sido declarada culpable de cohecho por unanimidad.

“Los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Maria Antònia Munar Riutort culpable de solicitar y recibir en parte 4 millones de euros de Sacresa para adjudicar el concurso de enajenación de la finca de Can Domenge”, ha dicho el portavoz del jurado.

El tribunal del jurado ha declarado también culpables a los otros cuatro acusados: el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, el empresario Roman Sanahuja y el intermediario Miquel Llinás.

Consideran probado que los tres ex altos cargos se pusieron de acuerdo, aprovechando su situación de poder en el Consell de Mallorca, para reclamar a Sacresa 4 millones de euros para asegurar la adjudicación del concurso de Can Domenge, el empresario accedió y Llinás recogió el dinero y lo entregó a Vicens.

Los 9 miembros del jurado han desestimado las tres atenuantes pedidas por la defensa de Munar: confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas.

Según el jurado, Munar se ha declarado culpable pero lo ha hecho sin aportar datos relevantes ni esclarecedores. Además consideran probado que si bien ingresó 150.000 euros en la cuenta del tribunal del jurado, éstos no han sido puestos a disposición del Consell y esa cuantía “no representa una cantidad relevante en comparación con la cantidad recibida” que Vicens cifró en más de 2 millones.

El jurado considera un tiempo razonable los 22 meses que duró la investigación “dada la magnitud de los hechos”, ya que tuvieron que analizarse 76 cuentas bancarias, se hicieron varios registros domiciliarios e incluso viajes a Andorra, y también ha calificado de razonables los 3 años y medio transcurridos desde que empezó este procedimiento penal.

La defensa de Munar ha solicitado que sea condenada a una pena máxima de 1 año de prisión porque entiende que el cohecho debería haberse juzgado en el anterior juicio por el amaño del concurso de Can Domenge y porque son delitos en concurso.

Ha pedido a la magistrada que dictará la sentencia que tenga en consideración “todo el complejo delictivo” de manera que a los 4 años solicitados por la Fiscalía y el Consell de Mallorca se le han de restar los 3 años por los que ya cumple condena por el delito de fraude en Can Domenge.

Según el letrado, Jesús Villamor, que ha citado varias sentencias del Tribunal Supremo, “se debe evitar un doble castigo” a Munar, de quien ha recordado que además de estar en prisión desde julio de 2013 tiene todos sus bienes embargados.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Consell de Mallorca, que ejerce la acusación particular, han reiterado también sus peticiones de pena para los otros cuatro condenados.

En el caso concreto del exvicepresidente Miquel Nadal, para quien piden 1 año y 10 meses de prisión y multa de 3 millones, el fiscal Carrau ha destacado que ya fue “un acto de generosidad” aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión. Su defensa ha insistido en pedir una mayor rebaja de la pena.

Los otros tres condenados han mostrado conformidad con las penas solicitadas: Para el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens 1 año y 6 meses de cárcel y multa de 2 millones, para el empresario Roman Sanahuja una pena sustituible por multa de 64.375 euros, y para Miquel Llinás otra sustituible por multa de 8.100 euros.

La presidenta del tribunal, la magistrada Rocío Martín, ha declarado el juicio visto para sentencia.

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