El exconcejal de Movilidad de Palma en la pasada legislatura, Gabriel Vallejo (derecha), acompañado de su abogado, Cristóbal Sastre, llega a los a los juzgados de Vía Alemania para declarar hoy ante el juez Manuel Penalva, en calidad de investigado en el caso de la presunta adjudicación irregular de la ORA. (Foto: EFE/J. Grappelli)

El exconcejal de Movilidad del PP en el Ayuntamiento de Palma Gabriel Vallejo, que fue detenido el pasado lunes por su presunta implicación en el supuesto fraude en la adjudicación de la ORA, continúa imputado tras declarar hoy ante el juez que investiga el caso, Manuel Penalva.

Vallejo, que había quedado en libertad el miércoles después de ser interrogado en sede policial por los agentes que investigan el caso y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán, ha comparecido esta mañana ante el juez durante unas dos horas.

Uno de sus abogados, Cristóbal Sastre, ha manifestado al abandonar los juzgados de Palma que la situación de su cliente queda “exactamente como estaba”.
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Vallejo fue detenido el pasado lunes junto a otras doce personas en el marco de una operación ordenada por el titular del juzgado de instrucción 12 de Palma y derivada de la causa en la que se investiga una presunta trama de corrupción en torno a la Policía Local de Palma.

Entre los detenidos en esta nueva pieza sobre la presunta manipulación del concurso para gestionar el aparcamiento de pago en las calles de la capital balear se encontraba además la exconcejala de Función Pública Irene San Gil, que quedó en libertad el mismo lunes.

Ayer, el juez Manuel Penalva ordenó el ingreso en prisión provisional de un funcionario del Ayuntamiento de Palma y de un empresario por su presunta implicación en la adjudicación fraudulenta de la gestión de los estacionamientos. También declaró ante el instructor otro funcionario que quedó en libertad.

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional detuvo a 13 personas en el marco de esta investigación, entre ellos los dos exconcejales y ocho funcionarios de las áreas de Contratación, Intervención y Servicios Jurídicos de Cort y uno de los responsables de la UTE adjudicataria de la ORA.

Se investiga la licitación y adjudicación del servicio de la Ordenanza Reguladora de Aparcamientos (ORA) a la unión temporal de empresas que presentó la oferta más cara, de 25,4 millones euros. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el contrato fue amañado y que cargos políticos obtuvieron cohechos a cambio.

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