La Comisión Asesora Interinsular de Comercio de Baleares, que se ha reunido hoy en Palma, ha decidido reducir de 16 a 10 el número de días festivos que los comercios y las grandes superficies podrán abrir cada año.

Esta medida, que en principio entrará en vigor en 2017 tras la modificación de la Ley del Comercio en el Parlament, no afecta a los comercios de las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), como el centro de Palma o algunos municipios costeros, que pueden abrir cuando consideren.

El encuentro de hoy ha sido presidido por el conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, que ha destacado la “prácticamente unanimidad” alcanzada para tomar la decisión de reducir los festivos de apertura, a la que solo se opone la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), es decir, los grandes almacenes.
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El conseller ha pedido “generosidad” a los partidos políticos del Parlament para presentar y aprobar todos con “carácter urgente” antes de fin de año una proposición de ley que reforme la Ley del Comercio, para que este cambio esté vigente en 2017.

Negueruela ha destacado el amplio acuerdo alcanzado -empresarios, sindicatos y consumidores- y ha defendido el “equilibrio” entre las grandes superficies y los medianos y pequeños comercios de las islas.

El titular de Comercio ha dicho que “no se entendería” que el PP, que en la legislatura pasada aumentó las aperturas de 12 a 16, no apoyara esta modificación por el “amplísimo” acuerdo empresarial y social logrado.

Por tanto, un “escenario alternativo” es que, si falta acuerdo político, la reforma no se apruebe en las próximos meses; por tanto, en 2017 continuarán vigentes los actuales 16 días festivos de apertura.

La Comisión Asesora Interinsular de Comercio fijará el calendario, es decir, qué diez días festivos del año se puede abrir, aunque dejará a los ayuntamientos de las islas que elijan dos jornadas según sus intereses.

A partir de ahora, los polígonos industriales no tendrán consideración de ZGAT, salvo que el ayuntamiento interesado lo justifique “sobradamente”. Este cambio, ha aclarado el conseller, no afecta a los polígonos que ya tienen esta consideración con el fin de “velar por la seguridad jurídica”.

Además, el hecho de que una zona sea patrimonio histórico-artístico o patrimonio de la Humanidad no significa que pueda tener la consideración de ZGAT; también deberá ser justificado de manera “pormenorizada”.

Otro cambio es que disminuyen las sanciones al pequeño y mediano comercio y se adaptan a la normativa estatal.

Finalmente, el otro “gran cambio consensuado” es un mayor grado de exigencia para permitir la apertura de nuevas grandes superficies comerciales o bien la ampliación de las mismas.

Esto significa que, en ambos casos, “se exigirá” un informe favorable de los ayuntamientos y consells insulars competentes sobre su incidencia en las infraestructuras y servicios públicos, municipales o supramunicipales.

Antes de aprobarse una nueva gran superficie o ampliarla, deben garantizarse los servicios públicos, como la red viaria o la preservación del medioambiente, unos costes que deberá asumir la inversión privada y en ningún caso la administración pública.

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