1 Agosto 2016

Incendiar las redes no sale gratis

Incendiar las redes no sale gratis

Hace escasas semanas, las redes sociales echaron humo ante la supuesta publicación, por parte de un usuario valenciano, de un mensaje en el que se alegraba de la muerte del torero Víctor Barrios el pasado 9 de julio en la plaza de toros de Teruel.

La maquinaria de la Justicia se puso entonces en marcha y la policía no tardó en identificarlo.

No creo que sea necesario, y hasta podría resultar desagradable hacerlo, repetir las ofensivas palabras que el tipo dirigió al fallecido y a su familia (en las que incluso lamentaba que no corrieran su misma suerte).

Creo que, aún siendo muy respetable la defensa de los derechos de los animales y la repudia al mundo del toreo (que comparto), no deja de ser aberrante y criminal que alguien pueda alegrarse por la muerte de otra persona y, además, trate de justificarlo de alguna manera, como ha sido el caso.

La actuación de este individuo –así como de otros que han vertido declaraciones similares en este u otros casos parecidos- nos debe llevar a hacer una reflexión; y esta no es otra que hay que tener mucho cuidado con las opiniones que publicamos en las redes sociales (por no hablar de fotografías o datos personales).

En el caso del que hablamos, y desde el punto de vista jurídico, nos encontramos ante el dilema de delimitar el alcance de la libertad de expresión y hasta donde nos permite llegar.

La pregunta que seguramente se harán muchos lectores llegados hasta aquí es: ¿no tengo derecho a opinar sobre lo que quiera y cuando quiera?

Y la respuesta es no.

Es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental que reconoce tanto nuestra Constitución como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Pero no es menos cierto que para el ejercicio de este derecho hay que respetar, a su vez, los derechos ajenos (básicamente el honor y la intimidad personal y familiar del otro) siendo la norma general algo así como que nuestros derechos “acaban donde empiezan los de los demás”.

Y es que sobrepasar esos límites de la libertad de expresión pueden salirnos muy, pero que muy caro.

Además de la vía civil, que también es posible y que puede suponer que tengamos que pagar una indemnización, no debe perderse de vista que el código penal tipifica actuaciones de este estilo en varios apartados (o, en otras palabras, cataloga estas actuaciones como la comisión de un delito): en unos casos, como un delito contra el honor, en concreto por calumnias y por atentar contra la dignidad, el honor de una persona así como por insultar o agraviar a los perjudicados (como ha sucedido en este caso donde el alcance del texto publicado afecta también a la familia del fallecido).

Otro derecho que debe respetarse es el de no incurrir en el de desorden público y, otro mucho más importante, el de menoscabar derechos fundamentales.

Las palabras vertidas en redes sociales pueden suponer pena de cárcel y una voraz presión social hacia quien las escribe

Si hay algo que demuestra el caso de Víctor Barrios, una vez más, es el peligro que implica publicar determinados comentarios en las redes sociales.

Por el momento, un abogado ha denunciado ya al supuesto autor de las palabras contra el torero y su familia por fomentar públicamente el odio (lo que puede suponer una pena de hasta 4 años de prisión).

Pero no solo eso, también se han recogido miles de firmas pidiendo su cabeza de diversas formas: unos en forma de amenaza (otra actuación que sobrepasa los límites legales) y otros solicitando que pierda su trabajo, por lo visto de maestro.

Y luego está la familia del torero, que podría pedir una compensación económica y moral.

El supuesto autor se ha defendido alegando que alguien usurpó su identidad y que las palabras no son suyas, algo que deberá demostrar y que la policía (delitos tecnológicos) está investigando.

Pero volviendo al meollo del asunto, y para concienciarnos de esas graves repercusiones, quiero acabar explicando dos recientes sentencias en las que se analizaba el alcance de la libertad de expresión (en concreto, frente a la actuación de unos activistas):

La primera de hace tan solo unos días, del pasado 28 de junio, y que fue dictada en Extremadura donde se ha condenado a los dieciocho activistas del “Campamento Dignidad” por un delito de desorden público tras interrumpir la emisión de un telediario reclamando el pago de la renta básica. Todos ellos, salvo uno, han sufrido multas que oscilan entre 540 y 900 euros.

La segunda, ha sido en Madrid, donde se ha absuelto a otras cinco activistas juzgadas por interrumpir, semidesnudas, una marcha antiabortista que se llevaba a cabo en dicha localidad. Es cierto que en este caso concreto, las acusadas no han sido castigadas por la vía penal pero el Juez recriminó su actuación y ha dejado abierta la posibilidad de que se pidan responsabilidades por la vía civil (una indemnización).

Queda ahora esperar para conocer como actuará la ley en el caso de los comentarios contra Víctor Barrios y su familia, algo que comenzaremos a saber cuando acabe el verano y que, a buen seguro, dará mucho de que hablar.

Pedro Antonio Munar Rosselló (abogado)

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2 Responses

  • Toda la razón del mundo pero también ha habido personajes públicos que han hecho manifestaciones plenas de odio y no ha pasado nada.

  • Pues me parece muy bien. Con la moda esta de las redes sociales, parece que se puede decir cualquier cosa y que todo vale sin pararse a pensar el daño que se hace, y no tendría que ser así. Aparte de las mentiras que se dicen.

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