18 agosto 2016

Dos policías más niegan ante el juez haber extorsionado a un empresario

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Dos policías más niegan ante el juez haber extorsionado a un empresario

Dos policías han negado hoy ante el juez de Instrucción número 12, Manuel Penalva, las acusaciones de extorsión y soborno que denunció un empresario de ocio nocturno, al igual que ya hicieron el pasado martes otros nueve agentes, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Policía Local de Palma.

Los dos policías, miembros de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), han negado durante una breve comparecencia haber pedido sobornos en metálico o en servicios de prostitución a un empresario que denunció estos hechos en su declaración como testigo ante el juez, han informado fuentes jurídicas.

Además han cuestionado la credibilidad de dicho empresario, que declaró como testigo protegido en la causa, admitió que en su local se consumían estupefacientes y dijo que varios policías le habían exigido dinero y servicios sexuales a cambio de hacer la vista gorda.

El empresario identificó en fotografías a los policías que supuestamente le exigieron los sobornos y dio a los investigadores detalles de su descripción física y de su comportamiento.

Estos dos policías se suman a los nueve que declararon ante el juez Penalva el martes pasado y otro más que compareció la semana pasada, todos ellos miembros de la UII o del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma. Todos han negado las acusaciones de extorsión y cohecho.

En este caso, por el que a lo largo de la investigación se ha dictado prisión preventiva para 17 policías y un funcionario, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones y cohecho.

También se investigan amenazas, extorsión, falsedad, uso de información privilegiada, delitos contra la salud pública, contra Hacienda y contra el medio ambiente.

El juez considera que los policías investigados en esta causa actuaban con impunidad, extorsionaban a empresarios de ocio y beneficiaban a otros a cambio de dinero y prebendas. Además de gozar de privilegios en locales de ocio, tenían intereses económicos y empresariales en materias en las que intervenían como agentes policiales.

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