Y la Iglesia tembló

Pedro A Munar

La noticia de la condena de Pere Barceló, ex párroco de Can Picafort, a 6 años de cárcel por abusos sexuales a una menor entre los años 1997 y 1998 ha sido uno de los casos más comentados en las redes sociales y entre los propios profesionales del Derecho.

Siendo un tema tan complejo desde el punto de vista técnico, he considerado apropiado ayudar a los lectores a entender los entresijos legales de dicha Sentencia.

Desde el punto de vista jurídico, la condena de la que hablamos ha sido impuesta por la Audiencia de Palma tras una conformidad entre las partes, una posibilidad prevista en la Ley para determinados delitos y que implica que el acusado ha pactado previamente con el Ministerio Fiscal y la acusación particular una pena determinada a cambio de admitir los hechos, evitando así tener que proceder a celebrar el juicio.

Para que esa conformidad sea válida el Tribunal Supremo señala que deben darse una serie de requisitos concretos y que son: que la conformidad sea absoluta, expresa y personalísima, voluntaria, formal y de doble garantía, lo que implica, por tanto, que debe haber un acuerdo entre el abogado defensor y el acusado al respecto en el que ambos sean plenamente conscientes de las consecuencias que se derivarán de la admisión de los hechos.

De hecho, y en este caso concreto, ante las preguntas realizadas por el Fiscal, el acusado ha tenido que reconocer no tan sólo los hechos imputados sino que ha debido manifestar estar profundamente arrepentido.

El resultado de dicha conformidad ha sido que se rebajaran las peticiones iniciales de la acusación (que oscilaron de 42 a 12 años de prisión en diversos momentos del proceso) y fijándose así una pena de seis años de prisión y otros cinco de orden de alejamiento (lo que incluye la prohibición de comunicarse con la víctima).

La calificación que el Tribunal ha dado a los hechos ha sido la de un delito continuado de agresión sexual a una menor, a quien el condenado obligó a mantener sexo oral y violó en múltiples ocasiones cuando tenía entre 10 y 12 años, rebajándose las penas antes indicadas por concurrir las atenuantes de confesión y reparación del daño.

¿Atenuantes?

Pues es precisamente la aplicación de estas dos atenuantes lo más comentado e incluso criticado por los juristas y personas interesadas en la materia, por lo que siendo yo uno de los que no estamos de acuerdo, intentaré dar una explicación lo más objetiva posible.

En primer lugar se pone en duda, no sin fundamento, que la confesión está prevista en el código penal como un atenuante sólo si se lleva a cabo antes de conocer que el proceso se dirige contra el acusado (y no al final del procedimiento como ha ocurrido en este caso) ya que desde el mismo momento en que se supo lo ocurrido, el acusado negó los hechos.

Y, en segundo lugar, porque parece ser que la reparación del daño consistió principalmente en una indemnización económica pagada directamente por la Iglesia a la víctima.

En cualquier caso, aún pudiéndose discutir jurídicamente si se dan los requisitos legales de esos atenuantes (que, repito, son dudosos), no debemos olvidar que los afectados -en este caso el Abogado de la víctima como acusación particular y el Ministerio Fiscal- estaban ambos de acuerdo en alcanzar y pactar esa conformidad, por lo que al no haber más partes afectadas ni ser contrarios a Derecho los términos del acuerdo, el Tribunal no tiene más remedio que admitirlo y dictar Sentencia en consecuencia.

Y ya para terminar, comentaré que no es la de los Tribunales la única justicia a la que se ha tenido que enfrentar Pere Barceló, porque la Iglesia le abrió paralelamente un expediente que se saldó con la expulsión en el año 2013 por considerarlo culpable de pederastia, habiéndose incluso pronunciado el Obispado en el sentido de profesar su más profunda repulsa a los hechos y mostrando su apoyo a las víctimas.

Pedro Antonio Munar Rosselló (abogado)

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