El tribunal no localiza al testaferro que prestó su cuenta en Suiza a favor del exduque

FOTO: EUROPA PRESS

El tribunal encargado de juzgar a los 17 acusados del caso Nóos no ha localizado finalmente a Robert Cockx, presunto testaferro que prestó la cuenta bancaria de su empresa en Suiza para que Iñaki Urdangarin pudiera cobrar 375.000 euros de Aguas de Valencia (Agval) por servicios de búsqueda de inversores que finalmente no fructificaron.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha puesto de manifiesto que Cockx ha sido citado en todos los domicilios sin que se diera con su localización, agotándose finalmente todas las vías para ello. Por su parte, la Fiscalía, el resto de acusaciones y las defensas han renunciado a los testigos que intervinieron en la operación de Agval.

Tal es el caso del empresario Álex Sánchez Mollinger quien, tal y como ha informado la Sala, vive en Suiza y no hay convenio para practicar la prueba testifical. Tampoco el colaborador de Urdangarin, José María Treviño, quien también formó parte del acuerdo con Agval para la búsqueda de inversores, compareció este jueves para ser interrogado alegando el fallecimiento de un familiar.

En el caso de Cockx, éste estuvo imputado durante la instrucción de la causa. En su última declaración ante el juez José Castro, manifestó que participó en la anterior operación pero negó de forma tajante que lo hiciera en favor del exduque. De hecho, recordó que intervino en este negocio al prestar una cuenta localizada en Suiza a nombre de una de las empresas de su propiedad, Alternative General Service, a cambio de un 5 por ciento del dinero que abonó Agval por la búsqueda de inversores.

En su comparecencia, Cockx señaló que en su trayectoria como impulsor de nuevas empresas para terceros clientes ha evitado tratar “con políticos y criminales”, asegurando no conocer a Urdangarin como tampoco a Treviño. El encausado precisó entonces que tiene en su haber unas 50 sociedades constituidas, si bien sostuvo que no utilizó ninguna de ellas en beneficio del marido de la Infanta.

Sí declaró este jueves el presidente de Agval, Eugenio Calabuig, quien aseguró desconocer que el pago de los 375.000 euros fuese canalizado realmente a través de Cockx, de quien, según las investigaciones, se sirvió el marido de la Infanta Cristina a efectos de mantener la opacidad de las transacciones. Para ello, Cockx cedió una empresa fiduciaria de su propiedad, Alternative General Services, domiciliada en Irlanda y cuya cuenta corriente estaba radicada en Laussane (Suiza).

El supuesto hombre de paja habría cobrado un 5 por ciento de las operaciones a cambio de figurar en las mismas.

“Autoricé el pago y punto. Creí que Alternative General era de Urdangarin”, aseveró Calabuig en su declaración. En concreto, el contrato entre Urdangarin -junto a Treviño- con Calabuig fue suscrito formalmente por Cockx en representación de Alternative General, todo ello por la búsqueda de proyectos de inversión por los que inicialmente el exduque pactó percibir 125.000 euros trimestrales.

“Treviño era el que se iba a encargar de todos los trabajos. Gracias a los contactos de Urdangarin podríamos tener acceso a nuevos negocios”, relató Calabuig, recordando que el marido de la Infanta les comentó que esos negocios tenían que ser fuera de España. “Entendí que no parecía lógico que trabajara con empresas privadas en España. Nos dijo que su familia le había recomendado que trabajara fuera de España”, abundó.

Sin embargo, los servicios no salieron adelante y esto motivó la rescisión del acuerdo rubricado.

Según las pesquisas, el presunto testaferro de Urdangarin, por orden de éste y de su colaborador, emitió tres facturas contra Agval por un importe global de 375.000 euros, que fueron transferidos en la cuenta corriente de Cockx en Suiza. Acto seguido, éste, tras descontar su 5 por ciento, traspasó la cantidad restante a otra cuenta del país suizo perteneciente a la empresa Star Opcions, perteneciente a Treviño.

De este modo, desde la cuenta del colaborador de Urdangarin finalmente se realizó otra transferencia, por importe de 140.000 euros, para el pago de los servicios del propio exduque de Palma.

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