12 abril 2016

El proyecto de ley de la oficina de lucha contra la corrupción entra en el Parlament

El proyecto de ley de la oficina de lucha contra la corrupción entra en el Parlament

La consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, y la consellera de Presidencia, Pilar Costa han mantenido este martes un encuentro con la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, para presentarle el texto del proyecto de ley de la oficina de lucha contra la corrupción.

El proyecto de ley ha sido elaborado de forma conjunta entre ambas Consellerias, saliendo de la Dirección General de Participación y Transparencia el texto, y siendo la encargada de hacer su seguimiento la Dirección General de Relaciones con el Parlament.

Según ha informado la Dirección General de Participación y Transparencia en un comunicado, el proyecto de ley, que responde a uno de los acuerdos del pacto de gobernabilidad de esta legislatura, crea la Oficina de lucha contra la corrupción de Baleares y la dota de las herramientas necesarias para reforzar el autocontrol y asegurar las buenas prácticas en la administración pública y en el sector público vinculado.

INVESTIGACIÓN CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Entre las funciones de la Oficina destaca la tarea investigadora, una de las herramientas más importantes de la lucha contra el fraude y la corrupción. Ésta tiene como objetivo prevenir e investigar posibles casos de uso o de destinación fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito, derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público.

La Oficina no tiene competencias en las funciones y materias que corresponden a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal y a la policía judicial, ni puede investigar los mismos hechos que sean objeto de sus investigaciones. No obstante, puede instar un proceso judicial y actuar como institución dirigida a constatar eventuales irregularidades y desviaciones del poder o como denunciante calificado.

El proyecto de ley fija que sus finalidades principales son fomentar los valores y principios de ética pública y de integridad. Además, la dota de funciones preventivas en el ámbito de la prospección y de la evaluación de áreas de riesgo.

REGISTROS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES

También gestiona los registros de declaraciones patrimoniales y de actividades de los cargos públicos (el proyecto de ley unifica el del Parlament y el del Govern), a la vez que le atribuye el control de los incrementos patrimoniales de estos, así como la intervención en caso de conflicto de intereses.

La Oficina actuará con independencia de las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Para legitimarla y garantizar su independencia y autonomía funcional, la Oficina se adscribe al Parlament. De esta forma, podrá cumplir con ecuanimidad las funciones encomendadas. Corresponde al Parlament el control de la actuación de la Oficina y el nombramiento y destitución del director o directora.

El ámbito de actuación de la Oficina comprende todo el sector público de Baleares, integrado por el Govern, los Consells, los entes locales y la universidad pública, incluidos en todos los casos sus organismos, las entidades vinculadas y las empresas públicas dependientes.

Entran en el ámbito de aplicación de la ley las actividades que, susceptibles de generar fraude, corrupción o una situación de ilegalidad que afecte a los intereses generales, realicen los miembros del Govern, el resto de altos cargos y el personal eventual de la administración autonómica y los titulares de los órganos directivos de los entes del sector instrumental de la Comunidad Autónoma; los miembros de los órganos de gobierno, los cargos electos, otros altos cargos y el personal eventual de los Consells y entidades locales; los diputados; los cargos públicos de cualquiera de los órganos estatutarios; los titulares de los órganos directivos de la UIB; y los titulares de órganos directivos de cualquier entidad u organismo dependiente de estos órganos.

La actuación de la Oficina puede incluir actividades de personas físicas y jurídicas que sean perceptoras de subvenciones, que gestionen fondos públicos y que presten servicios públicos. En cualquier caso, respetará los derechos y garantías de los ciudadanos y el principio de proporcionalidad. La Oficina garantizará la confidencialidad de las investigaciones y la protección de datos, así como los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia de las personas investigadas.

SECRETO SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA OFICINA

Las personas que ejerzan su actividad en la Oficina de lucha contra la corrupción están obligadas a guardar secreto de lo que conozcan en razón de su función en los términos legalmente establecidos, deber que perdura después de que cesen en el ejercicio del cargo.

La Oficina puede actuar por iniciativa propia o por iniciativa del Parlament. Así, cualquier persona puede comunicar presuntos actos de corrupción, prácticas fraudulentas o conductas ilegales que afecten a los intereses generales o la gestión de los fondos públicos. Se tendrá que mantener la confidencialidad del informante si este así lo solicita. Las autoridades, los empleados públicos y todos los que cumplan funciones públicas deberán comunicar inmediatamente a la Oficina los hechos que detecten y también se les garantizará la confidencialidad si la piden.

Al frente de la Oficina habrá un director que tendrá la condición de autoridad pública, tiene que tener dedicación exclusiva a esta función, no puede estar afiliado a ningún partido político, sindicato ni asociación empresarial y su mandato es de cinco años sin posibilidad de reelección.

ELECCIÓN DEL DIRECTOR

La elección del director corresponderá al Parlament (por mayoría de tres quintas partes, en primera votación, o por mayoría absoluta en segunda) entre personas de competencia reconocida que cumplan los requisitos.

El proyecto de ley se aprueba después de un proceso participativo, en el que han podido presentar alegaciones tanto las instituciones como los particulares. En total, se han recibido 69 alegaciones y se han aceptado cerca de 40, de las que la mayoría han supuesto mejoras en la redacción del texto.

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