27 Abril 2016

Baleares, entre las CC.AA que carecen de normativa propia sobre instalación de desfibriladores en espacios públicos

Baleares, entre las CC.AA que carecen de normativa propia sobre instalación de desfibriladores en espacios públicos

Baleares figura entre las comunidades autónomas que carece de una legislación propia en materia de instalación de desfibriladores en espacios públicos, tal y como advierte B+Safe, empresa especializada en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

En España se producen cada año aproximadamente 30.000 muertes al año por paradas cardiorrespiratorias, cifra que podría reducirse de manera significativa si se aplicara la desfibrilación a la víctima en los cinco primeros minutos.

Tras un paro cardíaco, el índice de supervivencia en España se sitúa en el 4 por 100, mientras en Estados Unidos el porcentaje se eleva hasta el 50 por 100 gracias a la presencia masiva de DESA.

Los DESA son desfibriladores de uso público que requieren poca capacitación para su manejo. Advierten en el momento de la descarga al usuario, indicándole que hay que separarse del paciente y pulsar el botón que activa la desfibrilación y le muestran los pasos a seguir durante todo el proceso.

En este escenario resulta llamativo que sólo cuatro Comunidades Autónomas (CCAA), entre las que no está Baleares, hayan establecido la obligatoriedad de instalar estos equipos en los espacios públicos. Se trata de País Vasco, Cataluña, Andalucía y Canarias.

En 2009 el gobierno español sentó las bases para la regulación de la presencia de DESA en el Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo, que establece las condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad en la utilización de estos equipos fuera del ámbito sanitario.

SALVAN VIDAS EN UN 85% DE LOS CASOS

La normativa pone en valor la importancia de la protección de la salud y cómo los desfibriladores pueden ayudar a salvar vidas en casos de paradas cardiorrespiratorias causadas en un 85 por 100 de los casos por la fibrilación ventricular, según avalan organismos médicos internacionales.

Sin embargo, deja en manos de las CC.AA el establecimiento de los requisitos para su uso, la promoción y la recomendación de su instalación, de acuerdo con las indicaciones de los organismos internacionales, en aquellos lugares que registren gran afluencia de personas como centros comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, etc.

“La realidad es que trece CC.AA carecen de normativa propia al respecto. Resultan especialmente llamativos los casos de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra, que tienen dicha legislación en borrador o pendiente de aprobar”, según Nuño Azcona, director general de B+Safe.

Las CCAA sin legislación son Castilla y León, Madrid, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra. Tampoco la tienen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

“En España está aumentando el interés de las administraciones públicas por impulsar la creación de zonas cardioprotegidas, en especial en lugares que registran gran tránsito de personas. Sin embargo, aún estamos a gran distancia de países como Francia, nuestro país vecino, donde la presencia de desfibriladores es ocho veces superior a la de España”, asegura Nuño Azcona.

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