Pedro A Munar

No se puede luchar contra el progreso y, decantarse en contra de los avances tecnológicos, tampoco nos lleva a ninguna parte.

Nuestra vida, en general, se ha tenido que adaptar a los grandes cambios que las tecnologías de la comunicación han producido y el Derecho no es una excepción a esta situación.

Cada día proliferan más los casos en que el whatsapp, grabaciones con el móvil, fotos y comentarios en redes sociales se usan y son determinantes en un procedimiento judicial, siendo los más numerosos los casos de falsas bajas (en derecho laboral) o las infidelidades (en derecho de familia) pero incluso en casos penales ese tipo de pruebas pueden servir para cambiar un veredicto de condena o absolución.

Pero… ¿Es siempre legal su aportación en juicio?

La pregunta obvia a la que posiblemente muchos jueces, abogados, eruditos del Derecho y por supuesto, particulares, le responderán con versiones diferentes.

La respuesta correcta es que no todo es blanco o negro y que “depende” ya que aunque esa prueba sea aceptada, no tiene porqué inclinar la balanza de un lado u otro.

Resulta llamativo que, desde la redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el ya lejano año de 1881 (ley que sirve para establecer los mecanismos para llevar a cabo un Juicio) el Estado ha mantenido una frase reproducida casi a diario en los Juzgados y que hace referencia al valor que debe darse a las pruebas que se presentan y ese valor –que es el Juez quien interpreta- se basa en las “reglas de la sana crítica”.

Hoy en día, esa misma Ley por la que “los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley”, renació en el año 2000, experimentando desde entonces varias modificaciones.

Y en el aspecto concreto del que hoy hablamos la ley es clara: Es válida una grabación al jefe despidiéndonos; una foto haciendo deporte o de fiesta mientras estamos de baja (algo más habitual de lo que podemos pensar) y, por supuesto, una foto o comentario “golfeando” y publicado en las redes sociales que puede suponernos un divorcio –si bien es cierto que, a día de hoy, la reforma del código civil permite el divorcio sin necesidad de alegar causa-

Que una prueba sea “válida” tan sólo conlleva que el Juez tiene la obligación de conocerla y valorarla –como cualquier otra- pero la Sentencia final se dictará atendiendo al valor probatorio del conjunto de todas ellas y acorde a esas reglas de la “sana crítica” que antes citaba.

La referencia a la necesidad de aplicar la sana crítica es constante en los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y sirven como indicadores pare el Juez de como valorar los interrogatorios, las declaraciones de testigos, los documentos, pruebas y peritajes y, entre estas, se recogen también –desde el años 2000- los “instrumentos de filmación, grabación y semejantes”.

Entonces… ¿Todo vale en el amor y en la guerra?

En Derecho, por fortuna, no es así.

Los Abogados podemos impugnar pruebas ilegales y el Juez deberá también valorarlo para admitirla o rechazarla en consecuencia –y de forma razonada-. Es decir, si esa prueba se obtiene violando un derecho, no vale.

A modo de ejemplo: Podemos emplear una grabación de móvil si somos parte involucrada o afectada en el caso pero nunca si hemos “pinchado” un teléfono ajeno

Tampoco podemos emplear una prueba obtenida en el “registro” de una casa que no sea nuestra o aportar una foto publicada en una red social si no está en un perfil público y/o hemos “entrado” pirateando la contraseña del titular (para hacer algo similar, es necesario un previo permiso judicial).

Mi consejo es que hay que andarse con tiento y no dejarse llevar por los sentimientos o los arrebatos pues, por muy injusta que nos parezca una determinada situación ni el Código Civil -ni la Ley de Enjuiciamiento Civil- permiten hacer uso de pruebas obtenidas en fraude o de forma ilegal y aportarlas en juicio puede ocasionarnos más problemas que ventajas.

Pedro Antonio Munar Rosselló (abogado)

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