La Fiscalía ultima un pacto con Matas que contempla su confesión en otros casos de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción está ultimando un pacto con el expresidente del Govern Jaume Matas de cara a reducir la petición de pena a la que se enfrenta en el marco del caso Nóos -cuyo juicio se reanuda el próximo martes-, que contempla no sólo el reconocimiento de los hechos y la reparación del daño en esta causa sino que también engloba un acuerdo en el caso Son Espases en relación a los supuestos amaños cometidos durante la construcción del hospital de referencia de Baleares y su conexión con la reforma de la sede del PP nacional en Génova.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han precisado cómo a lo largo de esta mañana el abogado de Matas y de otros dos exaltos cargos se han reunido con el fiscal Pedro Horrach con el objetivo de cerrar distintos acuerdos para sus patrocinados. Más en concreto, han acudido a la sede del Ministerio Público los letrados del exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía y del exasesor jurídico de esta entidad, dependiente del Govern, Miquel Àngel Bonet.

En concreto, Matas se enfrenta a una petición de once años de cárcel en el marco del caso Nóos a raíz del presunto desvío de 2,6 millones de euros públicos a favor del Instituto Nóos, 2,3 de ellos correspondientes a la celebración de dos foros sobre turismo y deporte. El acuerdo permitiría rebajar sustancialmente la pena que la Fiscalía reclama para él.

Según Horrach, los contratos y convenios de colaboración rubricados con Nóos fueron una “farsa orquestada” por Matas “fruto de decisiones administrativas arbitrarias cuya única finalidad era beneficiar económicamente a unas personas concretas, obviando deliberadamente la utilidad e interés público que debe presidir cualquier actuación administrativa y omitiendo intencionadamente el procedimiento administrativo correspondiente”.

El pasado mes de enero, el exdirigente del PP dio un primer paso de cara al reconocimiento de los hechos en los que habría intervenido, al poner a disposición de la Audiencia Provincial de Baleares la mitad indivisa del palacete que posee en el casco antiguo de Palma para cubrir parte de la fianza de responsabilidad que se le reclama. Se trata de la primera vez que Matas, sobre quien pesan dos condenas firmes por corrupción -por una de ellas cumplió nueve meses en prisión- reconocería los delitos que se le imputan.

Tanto Matas como el resto de acusados del caso Nóos disponen hasta el próximo martes para hacer efectivos sus acuerdos.

Según Anticorrupción, el papel que ejerció el exministro fue decisivo para que el Govern destinase de forma fraudulenta 1,2 millones de euros a la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears – Banesto; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo, y 116.566 a la elaboración de material promocional del Illes Balears.

No obstante, el reconocimiento de los hechos no sólo se reduciría a su intervención en las irregularidades investigadas en el caso Nóos. También se extendería al caso Son Espases, causa en la que el juez José Castro busca esclarecer si las obras llevadas a cabo en la sede nacional del PP fueron financiadas de forma irregular así como su vinculación con la adjudicación de los trabajos relativos a Son Espases, que se encuentran en el punto de mira del magistrado por supuestas irregularidades en la tramitación del proceso y el pago de comisiones millonarias.

COMISIONES DEL 3 POR CIENTO POR CADA ADJUDICACIÓN

De hecho, el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos manifestó como testigo, en el marco de otra pieza del caso Son Espases, que el PP balear, bajo el mandato de Matas (2003-2007) y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3 por ciento en comisiones con cada adjudicación pública. En el caso de Son Espases, señaló que la formación reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras, que recayó en manos de Dragados pese a que inicialmente OHL se había postulado ganadora.

Además del propio Matas, también se encuentra imputado, entre otros, el presidente de OHL y exministro, Juan Miguel Villar Mir.

En su querella, admitida por Castro en julio del año pasado, Horrach asevera cómo tras la “realidad formal” del proceso de adjudicación hay “una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias”.

Es más, subraya cómo en este proceso se da el “paradigma” con el que “con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida”.

A juicio del fiscal, fue Matas quien “ordenó la manipulación del concurso” a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz -ya fallecido-, “para beneficiar ilícitamente” a la UTE liderada por OHL.

“PROBLEMA POLÍTICO” SI LAS OBRAS NO SE ADJUDICABAN A DRAGADOS

Sin embargo, Castillo, quien se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un “problema político” si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal “envergadura” no se adjudicaba a Dragados.

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