Satse interpone un recurso contra el decreto de prescripción enfermera por su “inseguridad” y “efectos perniciosos”

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que regula la prescripción enfermera por la “grave inseguridad jurídica y profesional” que sufrirán los enfermeros, así como por los efectos perniciosos que tendrá para el funcionamiento del sistema sanitario español.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, este recurso responde al acuerdo alcanzado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera y es el primero que se registra ante el Tribunal Supremo, una vez que distintos gobiernos autonómicos también han anunciado su intención de recurrir la norma aprobada por el Gobierno del PP, ahora en funciones, y que entró en vigor el pasado 24 de diciembre.

En concreto, el recurso presentado este martes 12 de enero solicita la suspensión cautelar de la vigencia del artículo 3.2 del Real Decreto. Entre las alegaciones se señala que, aunque en la prestación farmacéutica el médico tiene un papel central, es esencial la participación de la enfermera, ya que asegura la accesibilidad del medicamento, el seguimiento fármaco terapéutico y el apoyo profesional a los pacientes, tal y como reconoció la Ley del Medicamento de 2006.

En este sentido, se recuerda que, hasta ahora, los enfermeros desarrollaban con cierta autonomía su actuación en materia de medicamentos sujetos a prescripción médica, una actuación aceptada dada la agilidad, seguridad y confianza que ha conferido al funcionamiento de la asistencia sanitaria en España.

Según explica Satse, con esto ha acabado el Real Decreto, ya que los profesionales de Enfermería ya no pueden usar ni indicar un fármaco sujeto a prescripción médica si el médico no ha determinado previamente el diagnóstico y ha realizado la correspondiente prescripción para cada paciente, indicando, además, el protocolo a seguir.

De esta manera, el enfermero ahora tiene que llamar al médico y esperar a que éste refleje todo ello en la historia clínica. Entre otros “efectos perniciosos” para el sistema sanitario, el recurso destaca que muchos servicios y unidades perderán la agilidad en la asistencia sanitaria que dispensan, y se hará necesario implantar de forma inmediata y urgente nuevos sistemas de trabajo con los equipos multidisciplinares existentes.

Su aplicación, remarca Satse, afectará muy negativamente a la práctica diaria, perjudicando la calidad asistencial que reciben los usuarios y pacientes. En cuanto a los profesionales sanitarios, se denuncia la situación de inseguridad jurídica y profesional que sufrirán directamente los enfermeros, y, de manera indirecta, los médicos.

En concreto, el profesional de Enfermería podrá ser denunciado por actuar fuera de su ámbito competencial, con las graves consecuencias que ello puede tener al poder incurrir en un posible intrusismo profesional. Además, no estará cubierto por el seguro de responsabilidad civil suscrito por la institución sanitaria correspondiente.

Por otro lado, en el recurso se recuerda también la reacción contraria que ha suscitado el Real Decreto en la mayoría de los Gobiernos autonómicos, entre otros, el de Baleares, todos ellos competentes en materia de atención sanitaria en su respectivos territorios, diferentes organizaciones sanitarias, sindicales y de pacientes, así como en los principales partidos políticos, con la excepción del PP.

De estimarse la suspensión cautelar solicitada por este sindicato, las limitaciones que el Real Decreto impone a la enfermería quedarían sin efecto durante la tramitación del recurso, por lo que la atención sanitaria a los ciudadanos no se vería afectada.

Una vez se dicte sentencia, si ésta es estimatoria para los intereses de los enfermeros, la suspensión cautelar se convertirá en definitiva.

En todo caso, Satse ha reiterado que la pretensión de la Mesa de la Profesión Enfermera es que se negocie la modificación del artículo 3.2 para ser respetuosos con la Ley y dotar de coherencia al resto de lo regulado por el Real Decreto.

En este sentido, pide la urgente convocatoria de un Consejo Interterritorial del SNS, para que Ministerio y Comunidades Autónomas lleguen a un consenso.

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