4 enero 2016

Injusto, pero legal

Injusto, pero legal

Si hay algo difícil de evitar –por no decir, imposible- en cualquier conversación en la que salga a relucir algún tema legal referido a las bondades o maldades de una determinada sentencia, ley o reforma legal, es que emitamos un juicio sobre lo “justo o injusto” de la misma.

No he podido resistir la tentación de comenzar el año con una crónica que permita a los lectores conocer algunas de las decisiones tomadas por el Tribunal Supremo y que bien pueden servir para abrir un amplio debate sobre lo “justo o injusto” de determinadas situaciones.

Lean y juzguen por sí mismos pero he de advertirles de antemano que los términos “Justicia y Legalidad” no van siempre unidos de la mano y ello es así aún cuando el primer artículo de nuestra Constitución señala que España es un Estado democrático y de Derecho, en el que “justicia y la igualdad” son, por definición, valores superiores.

Pero vamos al meollo de la cuestión.

El ejemplo más reciente -y tildado de clamorosa “injusticia legal”- es el caso que, después de muchos años de controversias judiciales, ha resuelto la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y en el que no se han puesto de acuerdo ni los propios Jueces que han dictado sentencia (el pasado 21 de julio).

En este concreto caso, el Tribunal debía decidir sobre la petición de una indemnización por daños y perjuicios de una persona erróneamente acusada de un asesinato en Málaga en el año 2000 y que, a raíz de ello, permaneció durante un año y medio en prisión provisional.

Pues bien, el Tribunal Supremo rechazó conceder la indemnización solicitada, que ascendía a 4 millones de euros, por no haberse alegado correctamente el artículo de la Ley en que se debía fundar la petición de la indemnización.

Lo más irónico –por decirlo de una manera suave- es que la propia persona acusada de un asesinato en falso; que había pasado un año y medio de su vida en una celda y que acababa de ver como volaba una indemnización de cuatro millones de euros por mal citar un artículo, fue también condenada al pago de los gastos judiciales que su apelación había ocasionado.

También en las cláusulas suelo bancarias

Otro caso muy discutido es de las cláusulas suelo bancarias, donde el Tribunal Supremo, en este caso la sala de lo Civil, ha fallado dos sentencias (una de 9 de mayo de 2013 y la otra de 25 de febrero de 2015) en las que declara “nulas” las cláusulas que no sean transparentes y respeten los derechos de los consumidores.

Pero pese a ser declaradas nulas, las sentencias no obligan a que los Bancos devuelvan el dinero cobrado en base a esas cláusulas. Tendrán que devolver lo cobrado a partir del momento en que se han fallado esas sentencias por el Supremo -y no las cantidades cobradas con fecha anterior-, lo que ha provocado que muchos lo consideren injusto y que el asunto llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, de momento, ya cuenta con un informe de la Comisión Europea (desde septiembre de 2015) que contradice el criterio de nuestro Tribunal Supremo.

Habrá que esperar aún un poco para conocer el desenlace de esta saga.

Culpables que confiesan y no pueden ser condenados

En la práctica judicial es también frecuente que cuando se hacen valer pruebas en un litigio y se declara la nulidad de una dé también lugar a una sentencia considerada “injusta”.

Es el caso de alcoholemias con resultado positivo; escuchas telefónicas -habituales en materias de drogas o corrupción- o video grabaciones en robos o estafas. En estos casos, si un astuto abogado consigue que se anule una prueba por un defecto formal que ha descubierto, puede resultar que al Tribunal no le quede más que absolver al presunto culpable por falta de pruebas objetivas.

Algo que ha cristalizado en situaciones tan aberrantes como que un acusado confeso no puede ser condenado si dicha confesión se basó en esa prueba “ilícita” que, de no existir, hubiera supuesto que el acusado no se declarara culpable (a las mentes inquietas en este tema les recomiendo el libro de mi buen amigo Jaime Campaner “La confesión precedida de la obtención inconstitucional de fuentes de pruebas”, un buen regalo para esta fechas).

Cambio de criterios judiciales, polémica servida

Por último, querría citar algunas situaciones que hasta hace poco se resolvían con criterios judiciales diferentes a los que se usan ahora, lo cual siempre es motivo de polémica.

En la primera de esas situaciones, el Tribunal Supremo ha impuesto como doctrina que el propietario de un local que sufra daños en los elementos comunes (defectos de construcción, humedades, inundación, etc…) no es responsable ante su inquilino sino que éste deberá buscar al Presidente de la finca o incluso demandar a la Comunidad de Propietarios (de la que, por cierto, no es parte) y, por supuesto, seguir pagando mientras tanto la renta de ese local incluso mientras se procede a realizar reparaciones que impidan utilizar el local.

Una decisión criticada “tan solo” por ser contraria a la propia Ley de Arrendamientos Urbanos (y, más concretamente, al artículo 21).

La segunda situación resulta también curiosa y discutida; se trata de que, hasta la fecha, el que varios vecinos hubieran efectuado un cerramiento en su galería o terraza, alterando la fachada, se entendía (dentro de la Ley de Propiedad Horizontal) como una actuación consentida en general y no cabía oponerse a que otros propietarios hicieran lo mismo.

A día de hoy, ese agravio comparativo puede no ser motivo suficiente ante un Juez, y la Comunidad podrá obligarnos a retirar ese cerramiento o toldo sin permiso aunque otros vecinos lo mantengan.

En definitiva, un muestrario de casos que, a buen seguro, contrarían esa idea de “Justicia e Igualdad” que podemos tener una gran mayoría de ciudadanos y a la que me refería al inicio de esta crónica.

Contrariedad, no obstante, que cuenta con el amparo legal de la máxima institución de nuestro sistema jurídico, el Tribunal Supremo.

Pedro Antonio Munar Rosselló (abogado)

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