15 enero 2016

Baleares recurre el Real Decreto que impide recetar medicamentos a los enfermeros

Baleares recurre el Real Decreto que impide recetar medicamentos a los enfermeros

El Consell del Govern balear ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad a interponer, ante el Tribunal Supremo, un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera, que establece que para que estos profesionales usen un medicamento sujeto a prescripción médica debe venir previamente con la prescripción y el diagnóstico de un médico.

Así lo ha anunciado el portavoz del Govern, Marc Pons, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha defendido que los sectores de enfermería “demuestran que tienen la capacidad de poder hacer uso habitual” de la prescripción y “deben poder utilizar medicamentos básicos”.

Este decreto, del de 23 de octubre, regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

El Govern ha argumentado que los enfermeros, a pesar de tener la misma formación en farmacología acreditada por el Ministerio de Educación que los odontólogos y los podólogos, no pueden administrar legalmente ningún medicamento ni producto sanitario, si no hay previamente un prescriptor que diagnostique al paciente y determine el protocolo de práctica clínica a seguir, “aunque el enfermero tenga más formación y experiencia en el proceso asistencial y conozca mejor las guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica en procesos específicos que lidera y desarrolla con los usuarios de forma rutinaria”.

La Conselleria de Salud del Ejecutivo balear ha defendido la capacitación de los enfermeros y ha argumentado que la nueva normativa “les impide realizar, de manera autónoma, centenares de actuaciones que hasta el momento han llevado a cabo con normalidad y formación y eficiencia probadas”.

Por ello, desde el Consolat de Mar creen que la norma aprobada en el Consejo de Ministros el 23 de octubre, y publicada en el BOE el 23 de diciembre, “tiene consecuencias directas para los profesionales de enfermería, puesto que necesitan la previa autorización del médico para desarrollar tareas cotidianas”; también para los propios médicos, que “verán aumentado considerablemente su volumen de trabajo”, y para los usuarios, “que notarán un empeoramiento en la atención”.

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