28 Enero 2016

Admiten a trámite una querella contra los exconcejales Guillermo Navarro e Irene San Gil por prevaricación

Admiten a trámite una querella contra los exconcejales Guillermo Navarro e Irene San Gil por prevaricación
Guillermo Navarro

El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha admitido a trámite una querella interpuesta por un subinspector de la Policía Local contra los exconcejales Guillermo Navarro e Irene San Gil, a quienes atribuye un presunto delito de prevaricación por asignar y mantener de forma “arbitraria” e “injustificada” al afectado en una plaza, en la Unidad de Tráfico del cuerpo, que judicialmente había sido declarada nula.

Mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza María Pascual ha citado a declarar al denunciante el próximo 4 de abril. La querella también va dirigida contra el jefe del departamento de Servicios Jurídicos del Consistorio, Miquel Antich, y el del área de Personal, Juan García.

Tal y como sostiene el subinspector, los querellados “en ningún momento” procedieron a ejecutar la sentencia que, por la vía contenciosa-administrativa, declaraba nulo el destino que le fue asignado, “en detrimento de sus derechos económicos”, por lo que “se le conservó en un puesto que era contrario a Derecho”.

“Pero no sólo eso”, añade la querella, al relatar cómo las diversas instancias que el perjudicado iba formulando para que fuera reubicado en la plaza que ocupaba anteriormente -entre 1998 y 2009- y en las funciones que le competían “caían en el sueño de los justos y se adentraban en un limbo del que nadie los sacaba, permitiéndose así que mi mandante continuase ocupando una plaza ajena a la suya, mientras que la legítimamente de su propiedad era ostentada por un extraño”, abunda el abogado del subinspector.

El escrito, de 14 páginas, recuerda que fue en febrero de 2009 cuando se dictó una instrucción para que el querellante fuese destinado a Tráfico, modificándose de este modo sus condiciones laborales y viendo mermados sus emolumentos mensuales. Frente a ello, varios sindicatos formularon un recurso ante los tribunales, que derivó en una sentencia que declaraba nula de pleno derecho la medida adoptada por el Consistorio.

Así las cosas, el subinspector quedó a la espera de que el Ayuntamiento le restituyese las condiciones previas que le correspondían y, ante la “inacción” de la Administración, el afectado comenzó a presentar numerosos escritos a fin de serle repuestas las condiciones anteriores. La querella señala que la institución “jamás resolvió a favor de sus peticiones y mantuvo en todo momento la vigencia de un acto administrativo declarado nulo por sentencia firme; esto es, estaba actuando a sabiendas de que su proceder era contrario al ordenamiento jurídico y a una orden judicial”.

Finalmente, en enero de 2013 le fueron cambiadas parcialmente las condiciones de trabajo “pero no porque la Administración de forma libérrima y espontánea hubiera decidido ejecutar la sentencia, sino porque se procedió a reestructurar la plantilla orgánica de la Policía Local de Palma”.

“Nunca con fundamento en las consecuencias de la sentencia, sino al libre albedrío y criterio de los responsables de los departamentos de recursos humanos y asesoría jurídica y de los concejales pertinentes, cuando todos ellos eran perfectos sabedores de las consecuencias del fallo”, añade la denuncia.

CONCIERTO DE VOLUNTADES

Tal y como recalca el abogado del subsinspector, los querellados, “en concierto de voluntades y ejercitando sus funciones, siendo sabedores de la sentencia y su contenido, pues la misma fue notificada al Ayuntamiento, hicieron caso omiso y procedieron a reorganizar y reestructurar la plantilla (…) a su caprichoso y gratuito criterio”.

El letrado asevera finalmente que todo lo acaecido “no responde más que a la decisión de perjudicar de forma injustificada y delictiva a una persona concreta y determinada”, en detrimento de una sentencia “cuyo fallo es claro y no deja lugar a dudas, por lo que el proceder de los querellados es claramente contrario a Derecho y de imposible encuadre en el marco legal pese a la capacidad inventiva o imaginación que se pueda tener”.

“No existe ningún marco jurídico que avale lo sucedido, pues los actos administrativos se alejaron del interés general al que todo acto de la Administración está sometido, conforme estipula el artículo 103.1 de la Carta Magna, y se vieron guiados y dirigidos por un interés espurio y sólo con afán de perjudicar a un subinspector de Policía Local”, concluye la querella.

Se da la circunstancia de que Navarro se encuentra imputado en otra causa, relativa al presunto amaño de las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en el seno de la Policía Local. Sobre él pesan supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

Estas indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro del cuerpo en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma, todo ello con la connivencia de diversos cargos públicos.

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