Un jurídico apunta a la ilegalidad de las contrataciones de agentes medioambientales dedicados a captar votos para UM

Un jurídico del Ayuntamiento de Palma, que este miércoles ha sido interrogado como testigo en el marco del caso Picnic, ha señalado que la contratación de trabajadores medioambientales por parte del Consistorio -y que según los investigadores se dedicaban en realidad a buscar el voto a favor de Unió Mallorquina- no fue legal puesto que sus nombres fueron “impuestos” por varios integrantes del partido sin que hubieran sido sometidos a ningún proceso previo de selección.

Durante su declaración ante el juez Pedro Barceló, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, el testigo, Jaime Escalas, ha señalado que entre los miembros de UM que decidían a quiénes colocar se encontraban la exgerente del Instituto Municipal de Formación, Ocupación y Fomento (Imfof) Catalina Payeras, y Eugenia Cañellas, quien fuera secretaria técnica del exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal.

El magistrado continúa de este modo con los interrogatorios en torno a la contratación, a través del Imfof, de una veintena de trabajadores medioambientales -conocidos como Imas- que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes e instar el voto para el partido.

De hecho, en un informe incluido en el sumario, la Fiscalía Anticorrupción postula que UM desvió 1,2 millones de euros de las arcas del Ayuntamiento a hacer “proselitismo, propaganda y apología de su idea política”, y apunta a la exconcejal de Medio Ambiente Cristina Cerdó, a la excoordinadora de este departamento Paula Cortés, y la propia Payeras como las principales personas que urdieron esta trama “en beneficio exclusivo del partido”.

Se trata de unos hechos que llevaron al Ministerio Público a reclamar una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para UM, posteriormente acordada por el titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger.

Las pesquisas se centran así en averiguar si pudieron cometerse, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

En su comparecencia, el jurídico, quien más en concreto desarrollaba su labor en el Imfof, ha aseverado que las normas legales respecto a las contrataciones exige que haya publicidad y concurrencia, para después llevar a cabo la selección en base a criterios de “igualdad, capacidad y mérito” lo que, según ha manifestado, no sucedió en este caso.

El testigo ha explicado que era Payeras quien firmaba los decretos de contratación, por lo que “era claramente conocedora de que no se habían respetado las bases”. Es más, ha apuntado que la exgerente del Imfof “no solía hacer nunca nada que no estuviera aprobado” por Eugenia Cañellas, entre otros.

El asesor ha aseverado además que la sugerencia de nombres de cara a su contratación como Imas “no se hizo de una sola vez sino en varias ocasiones, porque la plantilla se iba ampliando”. De hecho, ha recordado cómo en una de esas veces comparecieron en el Consistorio unas treinta personas que fueron derivadas para su posible contratación, si bien el declarante se opuso a ello puesto que “ninguna había pasado el proceso de selección legal”.

Durante el interrogatorio, ha recordado que varios técnicos municipales le comentaron que había que continuar con este programa puesto que “así lo decía Paula Cortés”.

DECISIONES “AL MARGEN DE LA LEGALIDAD”

Asimismo, ha subrayado que “con el paso del tiempo” y a medida que fue viendo que Payeras y el resto del equipo de UM “iban tomando decisiones al margen de la legalidad”, el jurídico comenzó a emitir informes negativos y reparos a sus iniciativas que “incluso dejaba en el registro general a los efectos de que hubiera constancia de los mismos”.

Finalmente, respecto al papel desempeñado por Cristina Cerdó, ha señalado que ésta “iba muy poco por las oficinas del Imfof” por lo que no pudo advertirla puesto que “ni siquiera tuve ocasión de hablar con ella”. Según ha recordado, no había unión ni “buen rollito” entre varios de los integrantes de UM, “pero no sé el motivo”.

Cabe recordar que la causa centra asimismo parte de las investigaciones en esclarecer si la formación regionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.

En el marco del caso Picnic fue registrada la sede de UM en febrero de 2011 en lo que constituyó el primer registro del local de un partido político en la historia democrática de Baleares. También fue ordenado el allanamiento del Imfof y de las oficinas de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

Durante esos días, el juez dictó asimismo prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, mediante un auto en el que aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido “se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil”.

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