Antoni Vera defiende ante el juez la legalidad de las oposiciones investigadas por supuesto amaño

Antoni Vera
Foto: EUROPA PRESS

El exintendente jefe de la Policía Local de Palma Antoni Vera, quien este martes ha declarado en calidad de imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12, ha asegurado no haber recibido “ninguna” orden de partidos políticos o de altos cargos de cara dirigida a favorecer la colocación de determinados agentes en puestos estratégicos del cuerpo.

Durante una comparecencia que se ha prolongado durante más de dos horas, el encausado se ha reafirmado ante el juez Manuel Penalva y el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán en que era él quien determinaba las plazas que se ofrecían, para lo cual “se establecían unas directrices para que las mismas fueran ocupadas por los funcionarios más idóneos”.

Según ha precisado en su declaración, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, esas directrices las recibía del entonces alcalde, Mateu Isern, y del exconcejal de Seguridad Ciudadana Guillermo Navarro -también imputado-, si bien “no se referían a la adjudicación de plazas determinadas” a personas concretas, lo que, ha matizado, tan sólo sucedió en una ocasión.

Y es que, tal y como ha recordado, fue una única vez cuando Isern, “a poco de tomar posición” como primer edil, le ordenó que su grupo de escoltas estuviera bajo el único mando del comisario Rafael Estarellas.

En concreto, la causa se centra en las irregularidades que se habrían cometido con motivo de las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 y que están siendo investigadas por supuesto amaño. Unos hechos por los que Vera dimitió de su cargo en septiembre de 2013, mes en el que la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, procedió a registrar las dependencias de la Policía Local.

En su primera declaración en dependencias judiciales, Vera negó en haber sido él quien filtró las preguntas de las pruebas investigadas a fin de favorecer a los candidatos y negó haber promocionado nunca dentro de la Policía a ningún agente adscrito a alguna ideología u organización en concreto.

En el interrogatorio de este martes, el imputado ha recordado que para determinar si una instrucción u orden recibida de sus superiores se ajustaba a la legalidad, el declarante disponía de dos filtros: el del jefe de personal y el “propio sentido común”, es decir, “aplicaba mi criterio y en caso de duda, consultaba”. “En ocasiones también me asesoraba a través del servicio jurídico del Ayuntamiento”, ha remarcado.

El encausado ha insistido así en que no se hizo “nada extraño” en relación con este asunto y, de hecho, ha recordado que su intención era acabar con la forma en que hasta entonces se adjudicaban las plazas, y que se llevaba a cabo a criterio de la Jefatura. “Quería que los agentes pudieran tener seguridad jurídica” y que hubiera “más transparencia”, ha incidido en este sentido.

JUSTIFICA EL CONTENIDO DE VARIOS CORREOS

Finalmente, preguntado por diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas y un acuerdo previo con los beneficiarios, Vera ha justificado que los emails se referían al acuerdo sindical que se alcanzó previamente para ver cómo se adjudicaban los puestos, con el objetivo de “respetar la legalidad y optimizar los recursos de la Administración”.

El juez instructor imputó el pasado mes de octubre a los funcionarios Celia Martínez, Bárbara Bosch y Juan García, cuyos nombres figuran en los correos. En uno de los emails, a los que tuvo acceso Europa Press, una de las trabajadoras ahora imputadas llega a exclamar ante estas actuaciones: “¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!”.

Según Vera, la expresión vertida por esta empleada se refería “a la avalancha de contenciosos que podían venir encima”. “Es una expresión que se la he oído decir en muchas ocasiones”, ha remachado.

En ese mismo correo, Celia Martínez alude al “compromiso que hizo Juan García [entonces responsable del área de Recursos Humanos] con los directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Función Pública como con el Intendente”, quien a su vez “se comprometió con Marqués para que eligiera una plaza” y que “ocuparía la vacante de D.G. en la Unidad de Intervención Inmediata (UII), inmediatamente”.

Al respecto, Vera afirma que “el compromiso” que tuvo “con el señor Marqués fue la misma que con los trece oficiales restantes dado que uno de los puntos que se valoraba era la pertenencia a una concreta unidad para la que se requiere una especial formación”.

En el marco de esta causa también se encuentran encausados Guillermo Navarro y el excomisario jefe de la Policía Local, Juan Mut, por supuestos delitos de coacciones y prevaricación en su intento de obstruir las investigaciones.

Las indagaciones derivaron posteriormente en otra línea de investigación que se encuentra bajo secreto en torno a una supuesta trama de corrupción urdida dentro de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios y realización de favores, principalmente en la zona de la Playa de Palma.

3 Comentarios

  1. Aunque al final no quede en nada, el daño mediático ya esta hecho y muchos están pagando justos por pecadores! Y todavía en secreto de sumario…

  2. Espero que, poco a poco, se vaya desmontando toda esta encrucijada contra la Policía Local de Palma y salga a relucir toda la verdad.
    No merecen este trato/teatro mediatico.

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