Un funcionario del Ayuntamiento achaca a Navarro la decisión de “dotar y desdotar” a la Policía de dinero y mandos

Guillermo Navarro
Guillermo Navarro

Uno de los funcionarios del Ayuntamiento de Palma que este miércoles fueron interrogados en el marco de la causa que investiga el presunto amaño en las oposiciones a oficial dentro de la Policía Local, manifestó que la decisión de “dotar y desdotar” al cuerpo de presupuestos y cargos era del exconcejal de Seguridad Ciudadana Guillermo Navarro, quien de este modo podía especular con las partidas y los puestos a cubrir.

Así lo puso de manifiesto Juan García en la declaración que prestó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 12, Manuel Penalva, a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press y durante la cual señaló que también de esta cuestión se encargaba el entonces intendente jefe de la Policía, Antoni Vera. Tanto Navarro como Vera se encuentran imputados en el marco de estas pesquisas.

Tal y como explicó, realizó diversas advertencias a Vera sobre los criterios a aplicar para cubrir los nombramientos de los interinos y, en este sentido, señaló que, de hecho, éstas constan por escrito en un acta de una comisión técnica de la Policía.

Al ser preguntado sobre si esto mismo lo advirtió a Vera antes de mantener éste una reunión con los interinos para abordar este asunto, respondió que sí, si bien manifestó que Vera “no me contestó”. “No recuerdo lo que me contestó, creo que no respondería nada. Siempre hago yo las advertencias”, abundó.

El funcionario negó tajante asimismo haberse reunido con Vera antes de la finalización del proceso selectivo para hablar sobre quién salía vencedor.

García fue imputado junto a otros dos miembros del Ayuntamiento por presuntamente participar en el amaño de las adjudicaciones de puestos vacantes dentro de la Policía durante la pasada legislatura. De hecho, sus nombres figuran en diversos correos electrónicos aportados a la causa y que revelarían la manipulación en la asignación de plazas.

El pasado mes de octubre, los tres miembros de la Corporación local acudieron a declarar ante el juez en calidad de testigos, pero finalmente el magistrado decidió modificar su condición procesal a petición del fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, quien atribuye a todos ellos delitos de malversación y prevaricación.

En uno de los emails aportados a la causa, a los que tuvo acceso Europa Press, uno de los integrantes del Ayuntamiento, Celia Martínez, llegaba a exclamar ante estas actuaciones: “¡Estamos muertos! ¡De aquí a los juzgados!”.

En ese mismo correo, la funcionaria alude al “compromiso que hizo Juan García [entonces responsable del área de Recursos Humanos] con los directores de las áreas de Seguridad Ciudadana y Función Pública como con el Intendente”, quien a su vez “se comprometió con Marqués para que eligiera una plaza” y que “ocuparía la vacante de D.G. en la Unidad de Intervención Inmediata (UII), inmediatamente”.

Las pesquisas se enmarcan en la causa que investiga la presunta manipulación en las oposiciones llevadas a cabo en 2012 en el cuerpo policial y que llevó a la Guardia Civil, a instancias de Anticorrupción y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias de la Policía Local.

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