5 Noviembre 2015

Navarro Miranda pide una Ley de Enjuiciamiento Criminal “moderna” y un cambio en el sistema de instrucción

Navarro Miranda pide una Ley de Enjuiciamiento Criminal “moderna” y un cambio en el sistema de instrucción
FOTO: EUROPA PRESS

El presidente de la Audiencia Nacional, José Navarro Miranda, ha reclamado este jueves una Ley de Enjuiciamiento Criminal “moderna, que permita un enjuiciamiento con garantías y que las causas se dividan”, así como un cambio en el sistema de instrucción de España para que quien instruyan sean los fiscales.

Durante la conferencia en Palma ‘La reforma en los delitos contra la corrupción’ celebrada en el Colegio de Abogados de Baleares, ha considerado que “no podemos estar instruyendo con una Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 a caballo de tres siglos” que, además, contiene algunos “parches contradictorios, que no sabemos determinar qué parte está en vigor y qué parte no”.

Así pues, ha reclamado una norma “absolutamente coordinada” y “moderna” “que permita luchar con agilidad”. “Hay que agilizarlo porque la sociedad nos lo exige, tenemos que luchar por una Ley de Enjuiciamiento Criminal moderna, que permita un enjuiciamiento con todas las garantías, que permita que las causas se dividan y no haya macrocausas.

Por otro lado, ha pedido un cambio en el sistema de instrucción puesto que en otros países “quien instruye no es el juez de instrucción”. En este sentido, ha recordado que el texto constitucional dice que los jueces deben juzgar y ejecutar y ha dicho que, si se considera que los fiscales no son lo suficientemente independientes para instruir, hay que dotarles de “la independencia que tienen los jueces”.

“Si creemos que no es independiente -el fiscal-, que yo creo que sí lo es, si alguien cree que no, se modifica el Ministerio Fiscal y que el juez haga sus funciones”.

RETRASOS SI HAY CAMBIOS EN EL JUEZ INSTRUCTOR

Además, ha explicado que en “los grandes casos de corrupción” si se produce algún cambio en el juez instructor se retrasa mucho el proceso, una dilatación que cree que no se produciría si instruyese el fiscal porque lo hace “en grupo”.

Navarro Miranda ha reclamado también “que la Justicia no sea una discusión entre los partidos”, así como “mayores medios tecnológicos”, ha declarado tras insistir en que la corrupción es una de las conductas que “más preocupan a los ciudadanos”.

El presidente de la Audiencia Nacional ha considerado que las autoridades administrativas deben poner “todos los medios para actuar con mayor rapidez” en los casos de corrupción y ha explicado que la reforma penal producida este año incorpora la financiación ilegal de los partidos políticos, “un delito nuevo que no existía y que se reclamaba”.

FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS

Este delito que fue incorporado durante la tramitación parlamentaria de la normativa afecta además de además de los partidos, a todos los entes que se puedan presentar a las elecciones, esto es, las federaciones, las coaliciones y a las asociaciones de electores. Además, establece el castigo tanto del que efectúa esta financiación ilegal, como del que la recibe.

De esta manera, ha explicado las donaciones que están prohibidas y ha detallado que se incrementa la pena de prisión cuando se excede de 500.000 euros. También se hace referencia a la especial gravedad a la hora de recibir favorecimiento económico por parte de empresas internacionales, organismos o gobiernos extranjeros.

Por otro lado, ha destacado que la reforma obliga que los partidos políticos cuenten con “programas de cumplimiento normativo que establezcan los controles necesarios” para que este delito no se produzca por parte de “ninguno de sus empleados”.

VACÍO LEGAL SOBRE LOS ACUERDOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

No obstante, ha apuntado que no están penados cuando se producen acuerdos por parte de los partidos con las entidades de crédito de manera que se concede un interés por préstamo “excesivamente bajo”, por ejemplo, y ha considerado “deseable” que se llene este “vacío legal y se incrimine este tipo de conductas”.

Por otro lado, ha explicado que, para perseguir la corrupción, el legislador lleva a cabo un incremento de las penas al generalizar la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, por otro lado, se añade la inhabilitación para el sufragio pasivo, de manera que “al condenado por corrupción no sólo se le inhabilita para cargo, sino para ser persona elegible en las elecciones”. Esto, ha dicho, se hace en los casos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, “los delitos más graves”.

También se produce un “adelantamiento de las barreras penales” con lo que se castiga con carácter general la proposición, conspiración y la preparación para delinquir. En este sentido, ha admitido que, si bien en delitos como malversación deben penarse estos actos preparatorios, “en otros quizá no es necesario y se dan situaciones excesivamente rigurosas” como con los “regalos de algún tipo”.

CORRUPCIÓN DEPORTIVA Y EN LOS NEGOCIOS

Navarro Miranda se ha referido también a los delitos de corrupción en los negocios, con los que se incriminan a las personas que reciben o aceptan un beneficio o ventaja que está justificada para favorecerle a él o a una tercera persona en la compra y venta de mercancías, relaciones comerciales o contrataciones de servicios, y al establecimiento de la corrupción en el deporte.

Ésta se produce cuando hay alguien que pretende alterar el resultado de un partido y se condiciona a que haya una competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Este delito se agrava si se pretende incidir en los juegos de azar o si es calificada de carácter profesional.

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