5 Noviembre 2015

El fiscal Pedro Horrach señala que no hay pruebas de que Pere Rotger contratase a Over para servicios particulares

El fiscal Pedro Horrach señala que no hay pruebas de que Pere Rotger contratase a Over para servicios particulares
Foto: EUROPA PRESS

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado un escrito ante el juez José Castro en el que subraya que no consta acreditado que el expresidente del Parlament y exalcalde de Inca Pere Rotger contratase desde el Ayuntamiento a la empresa Over Marketing -investigada por financiar de forma presuntamente irregular al PP balear- para servicios particulares. De este modo ha mostrado su respaldo a la petición de archivo formulada por el exalto cargo del PP.

Mediante el escrito entregado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, el representante del Ministerio Público apunta a un “vacío probatorio” en este sentido y asevera además que no se ha aportado a la causa ningún indicio racional que permita inferir que la decisión política de contratar a Over “escondía la voluntad de beneficiar” a la anterior mercantil mediante el amaño del proceso.

En concreto, la contratación se llevó a cabo en 2008 y el objeto de la misma era la realización de unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio mallorquín, unos trabajos por los que mercantil percibió 20.300 euros (17.500 sin IVA).

En este sentido, Horrach apunta que para entonces ya estaba vigente la modificación llevada a cabo un año antes en la Ley de Contratos de la Administración Pública, que elevaba de 12.000 a 18.000 euros -sin el IVA- el importe máximo por el que un contrato puede adjudicarse de forma directa.

“No podemos obviar que la gestación de dicha contratación se inició en un periodo comprendido entre finales de 2007 y principios de 2008”, precisa el fiscal, quien asevera en cualquier caso que el hecho de que el expediente comenzara a tramitarse en el plazo que transcurrió entre la publicación de la reforma de la Ley y su entrada en vigor, “las dudas deben desembocar en una interpretación favorable al imputado”.

En su solicitud de sobreseimiento, la defensa de Rotger, ejercida por el abogado Gaspar Oliver, alega además que las investigaciones sobre una supuesta financiación ilegal del PP a través de Over, después de que Jaume Matas se hiciera con la presidencia del Govern en 2003, nada tienen que ver con la contratación de esta empresa por parte del Consistorio ‘inquer’.

De hecho, el letrado recalca que este expediente fue tramitado con posterioridad a la salida del Ejecutivo por parte de Matas, en 2007, tras un mandato en el que se habría producido un trato de favor a beneficio de Over mediante adjudicaciones irregulares.

INVESTIGACIONES “ABSOLUTAMENTE DESCONECTADAS”

“Estas investigaciones están absolutamente desconectadas, tanto en el tiempo como en los intervinientes, de los hechos de Inca”, asevera la defensa, que recuerda además cómo el administrador de Over, Daniel Mercado, pactó con el exministro “ciertas prebendas en lo que a la contratación de su empresa se refiere”, tratos de favor que “concluyeron cuando el señor Matas abandonó el Gobierno autonómico”.

Finalmente, en lo que al propio contrato se refiere, el abogado hace hincapié en que los cursos contemplados por este contrato -talleres de portavocía- “no iban dirigidos a mi mandante, pues ninguna relación tuvo con los mismos, ni directa ni indirectamente”, por lo que “no cabe predicar en modo alguno un interés personal, que no público, en la adjudicación del contrato si ningún beneficio particular obtuvo del mismo, ni a nivel económico ni intelectual”.

Cabe recordar que el exalto cargo del PP fue imputado después de que su sustituto en la alcaldía, Rafael Torres, apuntara ante el juez que fue Rotger quien encargó a la empresa Over la realización de los anteriores trabajos. Rotger dimitió como presidente de la Cámara autonómica en diciembre de 2012, después de que el magistrado ya rechazara entonces sobreseer su encausamiento.

En el marco de esta causa se encuentran imputados, además del propio Rotger, Matas, el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez -quien en julio de 2012 dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que habría incurrido en favor de la trama Gürtel mientras era conseller de Matas-, la exconsellera de Salud Aina Castillo, el extesorero ‘popular’ Fernando Areal, y el administrador de Over.

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