Manos Limpias se opone a que Urdangarin pueda vender las propiedades que posee en Palma

Foto: Europa Press

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular del caso Nóos, se ha opuesto a que Iñaki Urdangarin pueda vender las propiedades que posee en Palma y cuya titularidad se encuentra a nombre de Aizoon, empresa de la que es copropietario junto a su mujer, y considerada una de las sociedades de la trama de desvío de fondos urdida en torno al Instituto Nóos.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada de la entidad, Virginia López Negrete, asevera de autorizarse la venta ésta “no se produciría con todas las garantías y, por supuesto, en un marco de dudosa legalidad”.

Se trata de tres viviendas, dos parkings y dos trasteros que le fueron embargados a Urdangarin tras no haber hecho frente a la fianza civil de 8,1 millones de euros -posteriormente rebajada a 6,1 millones- que el juez José Castro le impuso de forma conjunta junto a su exsocio Diego Torres.

La letrada de Manos Limpias recalca además que no consta acreditado que la oferta presentada para adquirir las fincas “sea la mejor que quepa en relación con la venta de los inmuebles”, así como tampoco la titularidad real de los posibles adquirientes de los mismos.

En concreto, Urdangarin presentó la semana pasada un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para poder tramitar esta solicitud, tras lo cual Castro dio un plazo de tres días a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes a fin de que se pronunciasen al respecto.

Estas propiedades fueron embargadas junto a la mitad indivisa del palacete de Pedralbes, cuyo embargo fue cancelado después de que la Audiencia Provincial de Baleares confirmase las condiciones impuestas en su día por el magistrado para autorizar la venta del inmueble.

En concreto, el marido de la Infanta reclamaba poder abonar a Hacienda 253.705 euros -derivados del impago del IRPF en que incurrió en 2009- con los fondos que obtendría con la venta del inmueble, cuyo precio está estipulado, en concreto, en 6,95 millones de euros. Una petición que desestimó Castro, lo que llevó a Urdangarin a recurrir en apelación ante la Audiencia.

El juez Castro autorizó la venta siempre que el matrimonio se comprometiese a depositar en el Juzgado los 2,3 millones de euros que prevén obtener por la mitad embargada de la vivienda como garantía ante las responsabilidades económicas que puedan derivarse de la causa, y que acabaron ingresando en las dependencias judiciales tanto Urdangarin como su mujer.

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