16 octubre 2015

La jueza apunta al pago de comisiones de hasta el 3 por ciento a los responsables municipales de Sant Llorenç

La jueza apunta al pago de comisiones de hasta el 3 por ciento a los responsables municipales de Sant Llorenç

La titular del Juzgado de Instrucción número 1, Pilar de Lara, quien se ha inhibido de la pieza en la que se investigan concesiones logradas por el Grupo Vendex, dentro del caso Pokémon, apunta al pago de comisiones de hasta el 3 por ciento en el marco de la adjudicación presuntamente ilícita de la recogida selectiva del Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar a la mercantil Econar.

Mediante un auto de 21 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza alude a las actividades supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en Galicia, Cataluña y Baleares, que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros delitos.

Según los indicios existentes, señala la magistrada, la adjudicación a Aconar estaría condicionada al pago de dádivas, “llegando a hablarse en alguna conversación telefónica del pago de un porcentaje, ‘el tres por ciento'”, cantidad que la Concejalía de Medio Ambiente, encargada de la concesión, pretendía “reducir en el contrato”.

Del mismo modo, añade, se han detectado pagos en metálico realizados por el administrador único de Econar, Gervasio Rodríguez Acosta, al supuesto intermediario y autorizado de varias empresas de aquél radicadas en Palma, José María Martí Creus, supuestamente para pagar tales comisiones.

La jueza recuerda que Martí Creus es también administrador único de la sociedad Transacciones Mallorquinas SA, con domicilio en Palma, y participa en un 6,25 por ciento de la sociedad Econar, mientras que la propia Transacciones Mallorquinas participa en un 13,75 por ciento.

“Martí Creus es la cabeza visible de Econar en Mallorca a través del mismo y de los contactos políticos adquiridos, que ha utilizado para beneficiarse de contratos con la administración pública relacionadas con la recogida selectiva de residuos, catorce concretamente en el Ayuntamiento de Sant Llorenç”, apunta De Lara.

También estarían implicados en la adjudicación del concurso, recuerda la resolución judicial, al exconcejal de Medio Ambiente Mateu Frau durante el periodo comprendido entre los años 2004-2011, y posteriormente consejero de la empresa Municipal Bellver S.A.

Finalmente, se encuentra bajo lupa judicial el que fue regidor de la anterior área desde 2011 hasta el pasado mes de mayo, Juan José Planas.

A nivel general, el ‘modus operandi’ consistiría, según la jueza, “en la obtención de concursos de forma presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos, a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores”.

Asimismo, De Lara apunta que toda la actividad contable y fiscal del Grupo Vendex está centralizada en la sociedad Cafisa, en Madrid, con la excepción de la delegación de Sabadell.

Añade en el auto que el grupo tiene como operativa “defraudar el IVA, pagando lo menos posible, por debajo del umbral del delito fiscal”, por lo que se llevaría a cabo un “fraude continuo contra la Hacienda Pública” relacionado con este impuesto, con importes inferiores a 120.000 euros de cuota defraudada anual para que “no constituya un delito fiscal”.

FLUJOS MONETARIOS “AL MARGEN DEL CIRCUITO LEGAL”

La jueza apunta que, si a ello se le añaden las notas, los supuestos pagos ilícitos y las conversaciones intervenidas, “se puede deducir que parte de los flujos monetarios del Grupo Vendex se efectuaban de una forma organizada y perfectamente estructurada al margen del circuito legal del dinero y del control” de la Agencia Tributaria.

Así las cosas, la instructora concluye que, en este caso, “es claro que las conductas delictivas investigadas afectan a una generalidad de personas ubicadas en el territorio de más de una audiencia”, las de Galicia y las de fuera de esta comunidad. Adicionalmente, apunta que los actos que constituyen el objeto principal de la investigación “tienen perfecto encaje” en la definición jurídica de “defraudación” en la que “el conjunto de los ciudadanos serían finalmente los perjudicados”.

Como ya había dicho con Aquagest, De Lara advierte, en su escrito de inhibición, de que “no puede negarse” que los hechos que se investigan “afecten a la seguridad del tráfico mercantil y presentan una grave repercusión en la economía nacional, pudiendo considerarse a la empresa Vendex como una verdadera asociación ilícita”.

Con todo, en la parte dispositiva, señala que, mientras no se resuelva su petición de inhibición, continuará con las diligencias necesarias para “comprobar el delito, averiguar e identificar los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados”.

ONCE DELITOS

En el auto remitido este viernes a las partes, la jueza incluye las 46 personas imputadas y las tres partes personadas como acusación en esta pieza de la Pokémon, en la que también especifica los delitos que se investigan.

Por su lado, son once delitos sobre los que la jueza mantiene la investigación. Concretamente, se trata de cohecho, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, uso de información privilegiada, prevaricación, falsificación de documento público, falsificación de documento privado, falsificación de hacienda pública, delito de blanqueo de capitales y delito de asociación ilícita.

Estos supuestos delitos se desprenden de las diversas actuaciones llevadas a cabo en la investigación: intervenciones telefónicas; seguimientos y vigilancias a las que han estado sometidos los investigados; entregas controladas de dinero procedentes de una empresa de mensajería; documental en los autos; análisis de los efectos incautados en las diligencias de entrada y registro; análisis de los documentos y correspondencia electrónica; declaraciones de imputados y testigos; e informes y atestados de Vigilancia Aduanera.

INVESTIGACIÓN

La jueza sostiene en el auto que, según las manifestaciones contenidas en las conversaciones telefónicas interceptadas, el resultado de entrada y registro, y las declaraciones de los testigos e imputados, Gervasio Rodríguez Acosta “habría implantado una política empresarial en todo el territorio nacional donde actúa conforme a la cual, para lograr adjudicaciones de las administraciones en toda España, realizará presuntamente sobornos”.

Estos “sobornos” tendrían como destino “aquellas autoridades municipales y funcionarios que, bien directa o indirectamente, han realizado actos o influenciado en los funcionarios que forman parte de los órganos de contratación con la finalidad de obtener diferentes contratos con las administraciones y muy especial, con la local”.

Para “gratificar” la actuación de los políticos, el grupo empresarial realizará diferentes actuaciones, como “contratar a distintas personas ‘recomendadas’ por las distintas autoridades; realizar regalos de diferentes importes en función de la relevancia del cargo; y beneficiar a autoridades, funcionarios y familiares y amigos con la retirada de multas o tasas en caso del pago de servicios de ORA y grúa”.

Además, también se realizarían, supuestamente, “pagos de dinero a algunas personas”, entre las que la jueza cita a Orozco, Liñares, Gacio y al exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela. También la jueza mantiene que se han hecho entregas de dinero a los entes para la realización de actos o eventos, al respecto de lo que pone el ejemplo de A Coruña; y “entregas de dinero a partidos políticos, PP y PSOE, incurriendo en una posible financiación ilegal”.

La supuesta trama salpica en Galicia a los ayuntamientos de A Coruña, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Marín, Boqueixón, Verín, Ferrol, Carballiño, Ordes y Sada. Además, Vendex habría realizado contactos, sin éxito por diversas causas, en Sada, Arteixo y Santiago.

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