El PP dice que la sentencia sobre la autovía de Sant Antoni denota “la falta de rigor en la gestión” del segundo Pacte

El PP ha considerado este viernes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), declarando “lesiva” la resolución del exconseller de Obras Públicas Jaume Carbonero sobre el importe a pagar a las concesionarias de las autopistas de Eivissa, en función del tráfico que circula por la vía, es una demostración de “la falta de rigor del segundo Govern del Pacte en la buena gestión del dinero público”.

Para la portavoz popular en el Parlament, Marga Prohens, la sentencia “da la razón al Govern del PP cuando en la pasada legislatura denunció la lesividad de una decisión” que, recuerda, adoptó un conseller estando en funciones”, porque el PP había ganado las elecciones una semana antes, según señala en un comunicado.

“Es cierto que la construcción de las autopistas de Eivissa generó mucha polémica en su momento, pero desde el PP siempre hemos ido por derecho”, ha apuntado Prohens, quien ha criticado que los partidos de izquierdas “exigían muchas cosas, pero cuando tuvieron responsabilidades de gobierno, se demuestra que la buena gestión del dinero de todos les importaba más bien poco”.

La sentencia del TSJB “declarando lesiva contra los intereses públicos la decisión del exconseller del PSIB” evitará que el Govern tenga que pagar un sobrecoste de 83 millones de euros a la concesionaria de la autovía de Sant Antoni, con respecto al contrato inicial adjudicado a la empresa, ha señalado al respecto.

En concreto, la adjudicación a la concesionaria en función del tráfico que circula por la vía fue de 292,5 millones de euros, pero la resolución de Carbonero incrementaba esa cantidad hasta los 376,3 millones, lo que suponía un aumento de las anualidades a pagar hasta el año 2030 de un 20,2%.

La sentencia del TSJB dice textualmente que la interpretación realizada por el exconseller socialista “desborda totalmente las cuantías” del contrato “y permite un incremento del gasto público sobre el precio de adjudicación del 20% con el consiguiente aumento de beneficio del concesionario muy por encima del inicialmente pactado del 7%”.

Asimismo, añade que la resolución dictada en funciones por Carbonero, el 1 de junio de 2011, “es contraria al principio de igualdad de trato que la Administración ha de dispensar a todos los licitantes, en tanto que esa interpretación supuso una modificación de facto de las cláusulas particulares que rigen el contrato concesional, de forma que con tal interpretación se dispensa a la concesionaria y se producen unos efectos distintos de los establecidos en el contrato y pliego de condiciones para el resto de licitantes, lo cual carece de total justificación”.

PENDIENTE LA SENTENCIA DE LA AUTOVÍA AL AEROPUERTO

Cabe recordar que la resolución del exconseller Carbonero también afectaba a las cantidades a pagar por el tráfico en la autovía del aeropuerto, que también fue denunciada por el Govern del PP. En concreto, el incremento de la cantidad a abonar a la concesionaria por el mismo concepto se cifraba en 17 millones de euros.

“En total hablamos de unos 100 millones de euros de incremento injustificado que el exconseller firmó tres semanas antes de dejar su cargo”, ha apuntado la portavoz del PP.

“La viva imagen del despilfarro y la falta de rigor en la gestión de las cuentas públicas que caracterizan a la izquierda”, ha concluido Prohens.

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